Caso Salinas: investigación adulterada
A seis semanas del asesinato de Enrique Salinas de Gortari, las instituciones de procuración de justicia, especialmente la mexiquense, se han encargado de sembrar sospechas descabelladas y de estrechar las perspectivas de un esclarecimiento verosímil del crimen. Los actos erráticos en los procedimientos legales y en las diligencias periciales, las desafortunadas declaraciones de altos funcionarios de las procuradurías mexiquense (PGJEM) y General de la República (PGR), las filtraciones a la prensa y las contradicciones conforman un escenario de tal confusión que resulta difícil concebir la culminación exitosa de la investigación, la presentación del o los asesinos ante la instancia penal que corresponda y la impartición de justicia.
Desde un primer momento, cuando se ocultó y después se tergiversó la existencia de una carta póstuma de la víctima, y desde que se autorizó ųa contrapelo de las normativas vigentes y del más básico sentido comúnų la cremación del cuerpo, imposibilitando con ello cualquier peritaje forense posterior, resultó inevitable sospechar que más que esclarecer se buscaba enturbiar, ya fuera con el propósito de encubrir al o los responsables del homicidio, para no hurgar en el ominoso cúmulo de poder político y económico que aún representa la familia del occiso o, simplemente, por simple y llana incompetencia. La PGR ha dicho cosas divergentes sobre la naturaleza de la orden de la Interpol que pesaba sobre Enrique Salinas de Gortari; se ha dicho que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) lo buscó en Morelos cuando el hermano del ex presidente aún no había sido asesinado; el procurador mexiquense, por su parte, ha insistido en numerosas ocasiones en la necesidad de preservar la debida discreción de las pesquisas, sólo para romperla, frases después, con apreciaciones, supuestas revelaciones a cuentagotas y anuncios sobrecogedores. Por ejemplo, dos días después del crimen, Alfonso Navarrete Prida dijo que los asesinos "eran inexpertos", pero ayer afirmó que los homicidas ųy da por hecho que fueron variosų conocían "técnicas de sometimiento". Luego sugirió que las conclusiones de la investigación eran inminentes y declaró que darían una "sacudida al escenario nacional", y no ha dejado de insistir, con escalofriante indiscreción, en que los homicidas se encuentran en el entorno familiar o laboral del fallecido.
El más reciente episodio del desaseo con que se conducen las diligencias legales fue la filtración a dos diarios de la supuesta participación de agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en el asesinato, especie que fue desmentida por ambos procuradores ųel federal, primero, y el estatal momentos más tardeų como un asunto del que no hay evidencia alguna.
Las contradicciones, la destrucción de pruebas ųcomo fue permitir la cremación del cadáverų, los indebidos manoseos en el sitio en que fue hallado el cuerpo de Enrique Salinas, la incontinencia verbal de Navarrete Prida y el poroso manejo de la información en la dependencia a su cargo obligan a recordar la manera atroz en que se manejó la investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio, con el resultado que todos conocemos: nadie cree en las versiones oficiales de ese hecho trágico y todo mundo está convencido de que la verdad sobre la muerte del candidato presidencial priísta no podrá saberse nunca.
Una cosa es segura: semejantes formas de "investigar" un homicidio socavan gravemente la credibilidad que pueda quedar a las instituciones encargadas de procurar justicia y fortalecen, por designio o no, el enorme margen de impunidad de que disfruta la delincuencia en el país, por más que en el discurso oficial se insista en que se está "ganando la batalla" contra ella. Hoy en día existe la percepción generalizada de que la información sobre la muerte de Enrique Salinas, si no es que su asesinato mismo, es manipulada con propósitos políticos y partidistas. Y los funcionarios involucrados en el caso parecen empeñarse en robustecer esa sospecha.
