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ENRIQUE MENDEZ

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  “aventuradas”: IP

E. MENDEZ, C. HERRERA, J. BALBOA Y E. MARTINEZ

Los cubanos sí espiaban: la juez

• La pareja, detenida en Miami, es acusada de trabajar para Fidel Castro

DAVID BROOKS CORRESPONSAL

Nueva York, 10 de enero. Los académicos cubano-estadunidenses arrestados y acusados de operar como agentes encubiertos del gobierno de Fidel Castro abrieron otro capítulo en el conflicto entre Washington y La Habana. Para variar, el epicentro es Miami.

Carlos M. Alvarez y su esposa, Elsa Prieto, están recluidos en el Centro Federal de Detención en Miami FOTO Ap

Los fiscales del caso y los medios locales han generado la idea de que la pareja es “espía” del gobierno cubano, aunque la causa formal no menciona esa palabra. Steven Chaykin, abogado defensor, declaró que eso es “reprobable, ya que nadie los está acusando de ello”, en entrevista telefónica con La Jornada desde sus oficinas en Miami.
Carlos M. Alvarez (de 61 años) y su esposa Elsa Prieto (de 55) fueron arrestados la madrugada del viernes pasado y ayer fueron presentados ante la juez de instrucción Andrea Simonton, quien les negó la libertad bajo fianza al aceptar el argumento de los fiscales de que los acusados podrían huir a Cuba. Ahora ambos están encarcelados en el Centro de Detención Federal de Miami en espera de su juicio, cuya primera etapa está programada para el 19 de enero. Aunque el cargo formal es que no se registraron ante el gobierno federal como representantes de un gobierno extranjero, la juez expresó ayer que “como asunto práctico, esta gente admitió que estaba espiando”. La pena máxima que enfrentan es de siete a 10 años de cárcel La ley determina que toda persona que representa los intereses de un gobierno foráneo en Estados Unidos, aunque sea aliado de Washington, debe registrarse como “agente extranjero”. Pero Alvarez y Prieto –ambos académicos de la Universidad Internacional de Florida (FIU)– están tachados de “espías”, y en este contexto el clima político imperante en Miami, una vez más, jugará un papel determinante en el caso. Pese a que agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y los propios fiscales reconocieron que los acusados no tuvieron acceso a información confidencial oficial ni la intercambiaron, la autoridad y la juez han determinado que representan un “peligro” para la seguridad de Estados Unidos.