La Paz, 20 de febrero. La renuencia de los prefectos (gobernadores) opositores de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Chuquisaca para dialogar sobre la implementación de las autonomías en el Consejo Nacional Autonómico creado por el gobierno, “tiene seguramente el afán de reactivar algunos sentimientos de confrontación regional… que en el pasado inmediato les sirvieron para ponerle trabas al proceso de cambio que vive el pueblo boliviano”, señaló a La Jornada el ministro de Autonomías, Carlos Romero.

En entrevista con este diario, Romero señaló que el proceso autonómico ya no es un tema de patrimonio de cuatro regiones, como era hace algún tiempo atrás, sino que es un tema nacional que está inserto en la Constitución Política del Estado y hay varios sujetos autonómicos potenciales, como los departamentos, los municipios y las territorialidades indígenas.

Ex constituyente, ex ministro de Desarrollo Rural, el funcionario indicó que los temas de fondo en la resistencia sobre todo de los prefectos de Santa Cruz y Beni a la implementación de las autonomías reconocidas por la nueva Constitución Política, son los de la tierra y de los recursos naturales, que ellos pretenden manejar desde los departamentos.

En esto, el gobierno del presidente Evo Morales no cederá, porque la Constitución establece estos temas como políticas del Estado en su conjunto, porque son la verdadera fuerza centrípeta que garantiza la cohesión del Estado boliviano.

Agregó: En el momento en que disgreguemos el control de los recursos naturales y la tierra hacia las regiones, estaremos exponiendo la unidad del país y la integridad territorial.

Recordó que en el referendo constitucional del 25 de enero se consultó además cuál sería la superficie máxima para la propiedad agraria, y 80 por ciento de los votantes dijo que debería ser de 5 mil hectáreas, lo que se está expresando un sentimiento del pueblo boliviano de que hay problemas estructurales muy serios en la tenencia de la tierra, y nos da un mensaje muy claro de que el latifundio debe ser liquidado.

Entrevistado en su oficina provisional –el recién creado ministerio a su cargo carece de edificio–, apuntó que el proceso autonómico va a ser largo, progresivo y gradual: implica transitar de un Estado simple a uno compuesto. Añadió que se trabajará, en lo inmediato, con las autonomías que apoyan al gobierno y que sería perjudicial para las opuestas al gobierno negarse al diálogo político que ha ofrecido La Paz.

Respecto del reclamo de los prefectos opositores de que previo a cualquier concertación debería devolvérseles el impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) que el gobierno destinó para la renta de los ancianos, comentó que ese dinero no se puede tocar porque se ha destinado a un fin de alto interés social, para un sector vulnerable de la población boliviana, y no le podemos quitar ese derecho.

Enfatizó también que esa parte del IDH no afecta sustancialmente el presupuesto de los departamentos; en el caso de Tarija, apenas representa 2.5 por ciento de sus ingresos, y en el de Santa Cruz, 5 por ciento. Es posible que en lo que respecta a Beni y Pando haya un impacto mayor, pero obviamente en esos casos queremos discutir un fondo de compensación territorial que debería formar parte de un pacto fiscal.

Además, afirmó que nunca antes en la historia del país los departamentos, las universidades y los municipios han recibido tanto dinero como el que se les entrega ahora, y de hecho han tenido muchos problemas de ejecución, inclusive en muchas prefecturas y municipios, porque la recuperación de la renta petrolera por parte del Estado boliviano a través de la nacionalización del gas ha incrementado significativamente los ingresos del país.

Afirmó que cuando se demandó autonomía, los departamentos tenían 57 por ciento menos ingresos de los que tienen ahora, por lo que este argumento de los recursos económicos es absolutamente falaz.

Respecto de las autonomías indígenas, tema que se relaciona con la reciente decisión de la comunidad Tipnis de declarar su autodeterminación, Romero explicó que ese es un territorio étnico ubicado en el sur de la Amazonia, en el departamento de Beni, donde cohabitan los pueblos amazónicos mojeño, yuracaré y yuqui, a los cuales se les ha señalado que deben cumplir lo estipulado en la Constitución Política.

Es decir, deben consultar de manera transparente, con supervisión del organismo electoral, si esa decisión corresponde al conjunto de la población, porque un principio elemental de la autonomía es la voluntariedad de la población involucrada.

Además, debe construirse colectivamente un estatuto adecuado con el texto constitucional para plantear competencias que podría ejercer ese autogobierno y, luego, cumplir otros procedimientos que se definirán sobre todo en una ley marco de autonomías, porque la autonomía indígena si bien se rige por sus mecanismos de consulta, de decisión por normas y procedimientos propios, de todas maneras se sujeta a procedimientos similares que también se exigen para las otras autonomías.

En relación a las protestas de los pueblos indígenas de las tierras bajas porque en el proyecto de Ley Electoral Transitoria, presentado por el gobierno al Congreso para regir las elecciones del 6 de diciembre, sólo se asignan a los pueblos indios 15 escaños de los 130 de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el funcionario estimó que esta propuesta es en realidad un avance significativo.

Derechos políticos indígenas

En dicho proyecto, dijo, se toman en cuenta circunscripciones especiales donde los pueblos indígenas que se hallan en minoría poblacional, que son los de las tierras bajas, puedan acceder a la representación parlamentaria, situación que nunca había existido antes en la historia de Bolivia, por lo que es algo muy importante.

En segundo lugar, “una proposición de 15 escaños… es de por sí una propuesta muy avanzada, porque estamos hablando de pueblos indígenas que en su totalidad representan una población de 200 mil personas, de acuerdo con el último censo de población y vivienda; 200 mil personas representan algo así como 2 por ciento de la población nacional y se les estaría dando 10 por ciento de los escaños parlamentarios”.

Entonces, sobre esa base que es muy importante, sustantivamente significativa para las demandas indígenas, estamos dispuestos a escuchar propuestas. Pero, bueno, sabemos que los pueblos indígenas son más de 30 en tierras bajas, y por eso yo decía se tienen que alternar en la representación, tienen que rotarse. Si los mojeños van a representar a un territorio multiétnico, pues mañana será otro grupo de esa jurisdicción el que asuma la representación. Tendría que haber un acuerdo interno entre ellos, apuntó.

–Por qué en la Ley Transitoria Electoral se dice que tiene que haber alternancia entre los candidatos y candidatas a asambleístas, pero cuando se habla de los pueblos indígenas simplemente se dice que las elecciones van a ser por usos y costumbres, por lo que se podría marginar a las mujeres.

–Eso es algo que estarían dispuestos a reconsiderar, porque obviamente el concepto de equidad de género es transversal, no puede tener diferencias según las regiones y las culturas porque responde a un principio elemental de participación equitativa entre hombres y mujeres, no sólo por efectivizar derechos conquistados legítimamente por las mujeres, sino porque esto es así necesario para la representación pública y para la formación de la voluntad popular.