La Secretaría de Gobernación (SG) realiza un monitoreo de los 300 distritos electorales del país, en el contexto de un programa de detección temprana de conflictos; al mismo tiempo, vigila reacciones colectivas ante la crisis económica.

Ante los focos amarillos o rojos, rumbo a la jornada electoral del 5 de julio, la atención se vinculará con las autoridades locales, y si la situación se complica habrá coordinación entre Federación, mandatarios estatales y delegados y funcionarios de la subsecretaría de Gobierno de la SG.

De igual forma, cuando la estructura de Gobernación detecte un presunto vínculo entre la actividad política (dirigentes de partidos y candidatos) y el crimen organizado, en particular con el narcotráfico, se deberá dar aviso directamente a la Procuraduría General de la República.

Este seguimiento, con base en la división geográfica electoral del país, recae operativamente en la unidad de gobierno de la SG.

Entre septiembre de 2007 y agosto de 2008 esa dependencia envió representantes a 12 procesos electorales ordinarios, y se elaboraron igual número de carpetas informativas.

El objetivo es prevenir controversias y coadyuvar a su canalización institucional en términos de ley, lo cual incluye gestiones para el resguardo de material electoral.

En ese mismo periodo, promovió el uso de tiempos oficiales en radio y televisión.

Este último asunto ya no podrá ejecutarse, porque luego de la reforma constitucional en materia electoral, Gobernación perdió la jurisdicción para administrar los llamados tiempos oficiales; ahora es responsabilidad del Instituto Federal Electoral.

De acuerdo con fuentes de alto nivel de la SG, la intervención del gobierno federal responderá exclusivamente a llamados específicos de la autoridad electoral para atender lo que en el palacio de Covián denominan desde ahora focos de atención.

Móviles políticos

La secretaría ubica los asuntos concernientes a los procesos electorales, pero también se ocupa de las reacciones de grupos ante la crisis económica.

Funcionarios de Gobernación –al igual que en toda la administración calderonista– admiten la situación crítica por la que atraviesa la economía nacional; no obstante, afirman, se trata de una realidad a escala mundial, por lo cual insisten en que las manifestaciones de protesta no son la vía para solucionar el problema.

Con esa perspectiva encaran la negociación con los representantes de transportistas y otros grupos que reclaman reducción en el precio de insumos para la producción y combustibles.

En Bucareli aseguran también que si bien hay manifestaciones con trasfondo social real, hay otras que mantienen una razón política partidista de fondo.

Están planteando asuntos inalcanzables, más allá de las posibilidades del presupuesto público. En esto no hay casualidades, hay también intereses electorales de fondo. A río revuelto, ganancia de pescadores, expresaron funcionarios directamente involucrados con la vigilancia de la gobernabilidad democrática.