ás soldados, más impuestos, menos controles constitucionales, nulas acciones sobre los factores sociales de riesgo. Esta fórmula premaquiavélica es la que ha elegido el gobierno de Calderón para que el Estado no falle también en Ciudad Juárez: el Estado de la edad de hierro.

La quincena que vivimos el peligro. Martes 10 de febrero: 14 sicarios; seis secuestrados –¿por quién?– muertos por el ejército en un enfrentamiento de un solo lado. Viernes 20: renuncia el secretario de Seguridad Pública del municipio de Juárez para evitar que los sicarios sigan cumpliendo su amenaza de ejecutar a uno de sus policías cada 48 horas si no dimite. Domingo 22: el jefe de escoltas del gobernador del estado es asesinado en un ataque al convoy en el que viaja Reyes Baeza. Remate: 20 muertos en el Cereso estatal el miércoles 4 de marzo.

Con tan tremendo fardo el gabinete de seguridad pública no tiene más que celebrar reunión extraordinaria el miércoles 25 en la sufrida Juárez. Se podría llamar la reunión del ahora sí. Si antes no hubo en verdad un operativo conjunto Chihuahua, ahora sí lo habrá. Si no mandó la Procuraduría General de la República suficientes elementos y agentes del Ministerio Público, ahora sí los enviará. Si faltó labor de inteligencia, ahora sí la habrá. Si no hubo suficientes soldados en las calles, ahora sí habrá miles de ellos.

Y, sin más, se decide hipermilitarizar Chihuahua. En lo cuantitativo, pues se envían 5 mil 332 soldados adicionales a los 2 mil 26 que ya se habían destacado, ahora equipados con varias aeronaves y sofisticados equipos. En lo cualitativo, pues ahora el Ejército tendrá bajo su mando a la Policía Municipal de Ciudad Juárez y pondrá y controlará a quien dirija el Centro de Readaptación Social de esta frontera.

Tan asustados se ven los sicarios con el anuncio, que no transcurren 24 horas del mismo cuando secuestran en Juárez a la magistrada del Supremo Tribunal de Justicia: Mireya Aguilar Casas. Tres días después termina febrero con la cuota de ejecuciones más alta de la historia reciente en esa frontera: 230, para un total de 384 en todo el estado: más muertos que en todo el año de 2005. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, en los últimos 14 meses la cifra de asesinatos en Chihuahua se eleva a 2 mil 750.

La apuesta por escalar la militarización en Juárez sólo tiene una agarradera: reducir la percepción de inseguridad de una ciudadanía aterrada, con una presencia avasalladora en las calles, así no disminuyan las acciones de exterminio de o entre sicarios. Sólo eso. Porque los fundamentos constitucionales para mantener a la tropa posesionada de las ciudades por un tiempo indefinido y sin exponer con transparencia los procesos que se emprenderán para que pueda volver a los cuarteles son muy endebles.

Porque no se establecen ningunos controles para impedir que los militares sigan violando los derechos humanos, como ha ocurrido cientos de veces desde hace casi un año. Porque ni siquiera se atienen al marco de las recientemente aprobadas leyes federal y estatal del sistema de seguridad pública. Pero además de coja en lo jurídico, la presencia militar resulta aislada de una estrategia más integral.

Se actúa como si el Estado sólo se hiciera presente con la fuerza de las armas. No hay ningún plan del gobierno federal para emprender acciones e invertir recursos en atacar los factores sociales que disparan la inseguridad: no hay un proyecto para brindar educación media y media superior a casi la mitad de los jóvenes juarenses entre 12 y 18 años, que ni estudian ni trabajan. Ni para brindarles espacios de cultura y deporte. Tampoco un proyecto sólido para atender y prevenir adicciones.

Mucho menos se piensa o se invierte en acciones que detengan el grave deterioro urbano de viejas y nuevas unidades habitacionales donde se prohíjan el desorden social y la delincuencia.

Peor aún: el propio gobierno federal, en su afán recaudatorio, conspira contra la seguridad que dice impulsar: eleva entre 200 y 3 mil por ciento los costos de la nacionalización de vehículos, favoreciendo que proliferen los automóviles sin ninguna identificación. Y carga sobre las espaldas de los contribuyentes juarenses los costos de la alimentación y el hospedaje de los elementos federales que van a tratar de suplir lo que el Estado, que recoge de Juárez una de las mayores cargas impositivas de la República, no ha podido ofrecer. A Juárez se le sangra en todos los aspectos.

Sólo militares y policías, más soldados, más armas, con mayor control sobre los civiles… Esto nos recuerda aquella terrible decisión de Lyndon B. Johnson: aumentar el número de efectivos estadunidenses en Vietnam e involucrarlos ya no sólo como consejeros militares, sino como combatientes directos. La que pensaba sería la solución se convirtió en la intensificación de la masacre y el principio de la derrota.