El caso Florence Cassez dividió al gobierno mexicano. Funcionarios revelaron que mientras la Procuraduría General de la República (PGR) ya fijó una postura negativa sobre la repatriación de la ciudadana francesa, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y representantes de la Judicatura Federal apoyan, en el seno de la comisión binacional creada para analizar el tema, la petición de la administración de Nicolás Sarkozy.

La representación de la Secretaría de Gobernación, indicaron los entrevistados, se mantiene como estudiosa del asunto, por lo que no ha fijado postura respecto al envío de Cassez a Francia para que cumpla en su tierra la condena de 60 años de prisión que impusieron jueces mexicanos al encontrarla culpable de los cargos de secuestro y delincuencia organizada.

El principal obstáculo que la PGR ha considerado para que el gobierno mexicano autorice el traslado de Cassez a París es que no hay garantía alguna de que en Francia se mantenga la sentencia impuesta por las autoridades judiciales.

Mientras, la titular de la SRE, Patricia Espinosa, señaló ayer que había sugerido al presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, valorar la posibilidad de no abordar el tema de su compatriota durante su asistencia a la Cámara de Senadores, en razón de que se sabía que ese asunto no gustaba a legisladores, entre ellos la ex canciller Rosario Green.

En entrevista televisiva, la funcionaria manifestó que hubo comunicación para conocer los temas que abordaría el mandatario y que, tras consultar con algunos senadores, advirtió a los franceses que el tema de Cassez no era de la simpatía de los legisladores.

Asimismo, explicó que trasmitió al gobierno francés el sentir de los senadores como indicación y sugerencia para que ellos evaluaran y valoraran el tema.

Por otra parte, los funcionarios entrevistados revelaron que el tema de Florence Cassez comenzó a ser estudiado por la administración federal desde el pasado viernes 6 de marzo, día de la llegada del presidente Nicolás Sarkozy, quien solicitó al gobierno mexicano la repatriación de su conciudadana, información publicada por La Jornada dos días después.

El caso Cassez comenzó en diciembre de 2005, cuando elementos de la Agencia Federal de Investigación –cuyo titular era el actual secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna– detuvieron a los integrantes de una banda de plagiarios a la que denominaron Los Zodiaco.

Supuestamente, Cassez era integrante de ese grupo delictivo, y después de un proceso que duró tres años y meses fue encontrada culpable en dos ocasiones por jueces mexicanos. En la primera, fue sentenciada a 90 años de cárcel, y tras una revisión del caso la pena se redujo a 60. Sin embargo, las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal se consideraron suficientes para condenarla.

No obstante, la intervención del gobierno francés, encabezado por Sarkozy, ha convertido el caso judicial en asunto político, a tal grado que por primera vez se creó una comisión binacional para analizar una petición de repatriación, la cual deberá ser ratificada por la propia Cassez ante autoridades judiciales.

De acuerdo con los funcionarios entrevistados, en la comisión binacional participan el subprocurador jurídico de la PGR, Juan Miguel Alcántara Soria; el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Gerónimo Gutiérrez; un representante de la Presidencia de la República, de quien no se pudo obtener el nombre, y otro de la Secretaría de Seguridad Pública. Por la SRE está la titular, Patricia Espinosa, y se presume que también participaría la consejera de la Judicatura María Teresa Herrera Tello.

Por Francia participa el ministro de Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner, quien llegó en la comitiva presidencial y se quedó en México; un representante personal de Sarkozy; un integrante del Poder Judicial y el embajador Daniel Parfait.