La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó ayer, por unanimidad, un dictamen sobre la minuta enviada por el Senado acerca de la reforma constitucional para regular los salarios máximos de los servidores públicos, con el propósito de que ningún funcionario –federal, estatal o municipal– reciba una remuneración mayor a la del presidente de la República.

Sin embargo, se mantienen los altos ingresos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –que rebasan el del Ejecutivo–, de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), así como de jueces y magistrados.

En el dictamen, que hoy quedará en el pleno de primera lectura y se votará el próximo martes, se señala que quienes hoy son ministros de la SCJN, magistrados del TEPJF y de circuito, jueces de distrito, consejeros de la Judicatura y del IFE, así como jueces y magistrados de los poderes judiciales estatales, mantendrán sus retribuciones nominales durante el tiempo que dure su encargo.

Destaca que las retribuciones adicionales al salario nominal, como gratificaciones, premios, bonos, recompensas, estímulos, compensaciones o cualquier otra sólo se podrán mantener en la medida en que la remuneración total no exceda el máximo referido.

El diputado perredista Juan Guerra aseveró que con esta reforma los ministros de la Corte dejarán de percibir mensualmente 200 mil pesos en bonos, así como otras percepciones; aunque no se logró consenso para disminuir los salarios nominales, sí dejarán de cobrar bonos y compensaciones a partir de 2010.

Marcha atrás

Durante la reunión de la comisión, la bancada del PAN reculó de su postura de la víspera, de que sólo se regularan los salarios de los representantes populares. Ayer, la diputada Dora Alicia Martínez presentó una nueva propuesta de dictamen que se negoció la noche del lunes entre los coordinadores parlamentarios.

La propuesta aprobada señala que “los poderes federales, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía (…), deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone que perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del Presupuesto de Egresos prevé el artículo 74, fracción IV, de esta Constitución y demás disposiciones legales aplicables”.

En el dictamen se reformaron los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127. El 75 indica que la Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que está establecido por la ley. En el 127 se indica que ningún servidor público podrá recibir una remuneración por el desempeño de su función, cargo o comisión, mayor a la del presidente de la República, aunque se acota que, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos y la suma de dichas retribuciones no exceda la mitad de la remuneración establecida para el presidente de la República.

En entrevista, Raymundo Cárdenas, diputado por el PRD y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, manifestó que tuvo que hacerse una concesión al Poder Judicial en la aprobación de la propuesta, pero su disminución salarial será gradual, es decir, los nuevos ministros de la Corte tendrán un salario distinto al que hoy perciben los actuales, pero logramos que el PAN estuviera de acuerdo en establecer un sistema general de salarios.

El dictamen aprobado ayer será presentado hoy ante el pleno y, en caso de ser aprobado el próximo martes, se regresará a la Cámara de Senadores, debido a los cambios que se hicieron a la minuta aprobada por ese órgano.

Héctor Larios, coordinador de los diputados del PAN, consideró que el dictamen se perfeccionó respecto del que venía del Senado; hace más eficaz el control de los ingresos públicos y, sobre todo, lo transparenta a la sociedad, que era un reclamo mayor, para que pueda consultar cuánto gana un alcalde, un regidor, un secretario de Estado, los subsecretarios, los presidentes de órganos autónomos, como el IFE, Banco de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Emilio Gamboa, coordinador de los diputados del PRI, manifestó: He platicado con algunos ministros y están conscientes del momento que vive el país; están en la mejor disposición de ajustar en lo que valga este acuerdo, esta ley, su salario.

Los ministros, agregó Gamboa, deben tener cuidado con sus salarios. Sus decisiones involucran a muchísima gente que se convierte en sus enemigos para toda la vida, y ellos no tienen todo el apoyo que tiene el presidente de la República.

Jueces y magistrados critican el dictamen

Jueces de distrito y magistrados de circuito, consultados por La Jornada, criticaron la determinación de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados que, al aprobar un dictamen sobre la ley de salarios máximos, propuso eliminar cualquier bono que represente una entrada económica adicional al ingreso mensual de ministros y juzgadores federales, aun cuando el tabulador salarial permanezca intacto.

Explicaron que si prospera esa reforma, los legisladores pueden oponerse, en años venideros, a autorizar incrementos presupuestales para el Poder Judicial de la Federación destinados a mejorar los emolumentos  de los juzgadores.

De aprobarse así la norma, nos vamos a quedar estancados en el salario, porque el Legislativo seguramente ya no autorizará incrementos presupuestales anuales, dijo un juez que pidió no mencionar su nombre. Eliminar parte de nuestras prestaciones que tienen asidero constitucional es una intromisión a la autonomía presupuestal del PJF, expresó un magistrado de circuito que también solicitó el anonimato.