El sector obrero mexicano entró en una ruta de empobrecimiento acelerado y, a la par de ello, han fracasado los programas federales anticrisis en materia de empleo, debido a que enuncian medidas tardías, sin previsión, insuficientes en cuanto a sus alcances y complicadas en su ejecución. Por ello, a dos años del anuncio del programa del primer empleo de Felipe Calderón y a unos meses de concretado el Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo, los resultados de ambos son prácticamente nulos.

Tras informar lo anterior, la Unión de Juristas de México hizo ver que cerca de 2.5 millones de personas se encuentran en el desempleo abierto, que, sumadas a los subempleados, a los que desistieron de buscar empleo y gravitan en torno a la economía informal, evidencian que 60 por ciento de la población económicamente activa está sin trabajo o en la economía informal, sin acceso a los beneficios laborales.

La organización argumenta que el panorama para los trabajadores mexicanos se puede agravar en los próximos meses, por la recesión en la planta productiva y la baja en el consumo, lo que ahondará más la llamada crisis de sobreproducción.

Ante ello, exhortó a revisar los programas anticrisis formulados por el gobierno federal, para hacerlos más apegados a la realidad y se puedan aplicar de manera sencilla e inmediata o de lo contrario abonarán el fracaso y acrecentarán la gravedad de la crisis y sus consecuencias en el pueblo de México.

La Unión de Juristas de México, encabezada por Eduardo Miranda Esquivel, demanda cancelar la propuesta de reforma laboral, exigir el cumplimiento de la actual Ley Federal del Trabajo, poner en marcha medidas urgentes, realistas y agresivas que dinamicen de inmediato el mercado interno, y eviten el empobrecimiento generalizado de los trabajadores, como pudieran ser el establecimiento del seguro de desempleo, la fijación del control de precios de la canasta básica, la disminución de las tarifas eléctricas, de las gasolinas y diesel, así como el control y reducción de las tasas de interés bancarias de tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios, además de establecer una moratoria a los deudores.

La organización indicó que el gobierno federal quiere enfrentar la crisis sólo con paros técnicos, los cuales son ilegales, por la forma en que se pretenden generalizar y las provechos parciales que generan.

Ni en la Constitución ni en la Ley Federal del Trabajo se reglamenta la figura del paro técnico, apunta, y expone que estas medidas se llevan a cabo de facto o convenidas con los sindicatos obreros, para suspender total o parcialmente el trabajo por necesidades empresariales de incosteabilidad, generalmente de sobreproducción, con el propósito de trasladar a los trabajadores las pérdidas para no reducir los márgenes de ganancia de los empresarios.

La ilegalidad de dichos paros fomentados por el gobierno consiste en que no son sometidos a la aprobación de las juntas de conciliación y arbitraje, la suspensión de los trabajos y la reducción de los ingresos de los trabajadores, mientras las empresas abusan de esta figura e incluso intentan sacar provecho económico de la misma, planteó esta unión.