En el cierre del periodo de sesiones, el Congreso de la Unión aprobó el paquete de reformas antricrisis de Felipe Calderón, aunque diputados y senadores modificarán en 90 por ciento la iniciativa presidencial, de la que eliminaron la intención de privilegiar las licitaciones internacionales y empresas extranjeras en las compras gubernamentales.

La iniciativa para modificar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, fue dictaminada conjuntamente por Diputados y senadores y en la última sesión –del jueves pasado, se aprobó primero en San Lázaro, que fue cámara de origen y luego en Xicoténcatl, prácticamente sin discusión.

Contra lo propuesto por Calderón, quien pretendía que se eliminara el contenido nacional en las compras que realizan dependencias públicas y paraestatales, los legisladores lo incrementaron, a fin de que en un plazo de tres años pase de 50 a 65 por ciento, a fin de crear más empresas mexicanas y un mayor número de empleos.

Ante el pleno, la senadora del PRD, Yeidkol Polevnsky, quien llevó las negociaciones con los diputados, comentó que no es una ley perfecta, pero hubo logros, a fin de avanzar a una mayor integración nacional, para que, como ocurre en Brasil y recientemente en Estados Unidos, se dé prioridad a las compras nacionales.

Se logró también apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que recibirán anticipos que van de 10 a 50 por ciento y se creó un Registro Nacional de Proveedores, que cada año actualizará las empresas nacionales, asimismo se eliminó el requisito de presentar fianzas para la presentación de la oferta.

Igualmente, resaltó Polevnski, se eliminaron restricciones excesivas a los servidores públicos, que les impiden ejercer con prontitud el gasto público, toda vez que la legislación actual, en vez de perseguir a corruptos y defraudadores, van en contra de quien comete el menor error administrativo.

Resaltó asimismo que se mantuvo que toda compra o adquisición en el sector público debe ser por licitación pública, pero podrá dar un contrato, por invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, en casos de que peligre o se altere el orden social, la economía, la salubridad, la seguridad o el ambiente”.

Con esas reformas, dijo, se cumple con uno de los compromisos del foro organizado por el Senado, México ante la crisis, ya que se trata de medidas para que se pueda ejercer el presupuesto con mayor celeridad y transparencia. La minuta fue turnada al Ejecutivo el jueves para su promulgación.