a conmemoración del Día Internacional del Trabajo, realizada ayer en diversas partes del mundo, tuvo en nuestro país un telón de fondo particularmente desalentador para los trabajadores y la población en su conjunto.

En los años recientes, la celebración del primero de mayo se ha vuelto el espacio propicio para las expresiones de repudio a la política económica neoliberal, vigente en el país desde hace más de dos décadas, que ha implicado, entre otras cosas, la caída sostenida del poder adquisitivo del salario, la aplicación de medidas de contención salarial por demás injustas, la desaparición de conquistas y derechos laborales y sociales, el adelgazamiento del Estado y la consecuente imposición de dietas presupuestarias para los organismos de seguridad social. Además, el desmantelamiento de mecanismos de bienestar, la apertura indiscriminada de los mercados, la liberalización de precios, la privatización de los bienes nacionales y la aplicación de una política fiscal clasista que privilegia a los potentados y se ensaña con los contribuyentes cautivos. La obediencia a estas directrices –del salinato al calderonismo– ha dejado un profundo deterioro de las condiciones de vida del común de la población, ha cancelado las perspectivas de movilidad social y ha colocado a los trabajadores en una suerte de crisis permanente desde hace más de cuatro lustros.

Ahora, además, el país y el mundo acusan los efectos de una crisis financiera que ha exhibido la naturaleza autodestructiva del neoliberalismo y arrojado a millones de personas a las filas del desempleo. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), alrededor de 3.2 millones de personas podrían perder su trabajo en América Latina y el Caribe. El Banco de México (BdeM), al modificar sus proyecciones económicas para el presente año, previó una contracción del producto interno bruto entre 3.8 y 4.8 por ciento, lo que significa que buena parte de los despidos pronosticados por la OIT ocurrirán en nuestro país.

A estos dos procesos críticos habrá que añadir la postración económica que tendrá lugar en el país por efecto de la emergencia sanitaria por el brote de influenza humana, que pondrá a cientos o aun miles de pequeñas y medianas empresas en riesgo de desaparecer. Esta situación sigue sin ser atendida; hasta ahora autoridades federales y estatales sólo han exhibido su proverbial indolencia con respecto a la situación de los asalariados y sólo el Gobierno del Distrito Federal ha anunciado medidas orientadas a respaldar económicamente a las empresas y los trabajadores que acusen caídas en sus ingresos mientras dure la contingencia sanitaria.

Por lo demás, los trabajadores del país continúan padeciendo la ausencia de un movimiento obrero amplio y representativo: hoy, las centrales independientes de trabajadores se debaten sin liderazgos y propuestas; el país asiste a un refrendo del inveterado pacto corporativo con el charrismo sindical y a la continuación de expresiones de represión e injerencia gubernamental en los conflictos laborales en favor de los intereses patronales.

En suma, la situación es por demás hostil para los trabajadores del país, en la que se conjugan elementos nocivos de larga data con otros de reciente aparición, y en la que el denominador común es la falta de interés y de sensibilidad de las autoridades por atender las demandas y las necesidades de los asalariados y sus familias.