o es novedad expresar que el sistema de administración y procuración de justicia adolece de graves deficiencias estructurales. A menudo las personas son víctimas de atropellos cometidos por causa de la ineficiencia en investigaciones judiciales realizadas sin consideración a las mínimas garantías procesales. Pese a la reforma aprobada el año pasado, subsiste un sistema con prácticas inquisitivas: el Ministerio Público cuenta con excesivas facultades para valorar las pruebas que despojan a los indiciados de sus más elementales derechos.

Ilustra lo anterior y visibiliza de forma burda tales deficiencias el caso de la indígena Jacinta Francisco Marcial. Los hechos que originaron su proceso, plagado de irregularidades, ocurrieron en Santiago Mexquititlán, comunidad de hablantes de la lengua ñhäñhú, conocida como otomí, localizada en la parte sur de Querétaro. Como consecuencia de esos hechos, Jacinta Francisco Marcial fue sentenciada a 21 años de prisión, acusada de haber secuestrado, junto con Teresa González y Alberta Alcántara, a seis agentes judiciales federales.

El 6 de marzo de 2006 elementos de la AFI acudieron al tianguis instalado en el centro de la comunidad; no portaban uniforme ni identificación oficial. Causaron destrozos y despojaron a los comerciantes de algunas de las mercancías que ahí vendían. Ante la arbitrariedad, los tianguistas reaccionaron exigiendo la devolución de sus productos y el pago de los daños. La tensión llegó a tal grado, que fue necesaria la intervención de dos funcionarios, un agente del Ministerio Público Federal y el superior regional de la AFI, que acudieron al lugar para proponer alguna solución al conflicto ocasionado por los agentes federales.

Después de varias horas, los funcionarios reconocieron que se había cometido un error, por lo que se comprometieron a pagar los destrozos. Pero el primer intento de solución fue inútil, pues los agentes pretendieron engañar a los comerciantes, entregándoles una mercancía distinta a la que ahí vendían. Aumentaron con ello las justas protestas de éstos, y los funcionarios acordaron entonces realizar el pago en efectivo por los daños ocasionados, por lo que se retiraron, a fin de ir a conseguir la cantidad pactada con los comerciantes. Por órdenes de sus superiores, un agente accedió a quedarse en la comunidad como garantía de que los funcionarios regresarían. Alrededor de las siete de la tarde los comerciantes y las autoridades llegaron a un acuerdo. Firmaron un acta, en la que dejan constancia de los hechos. Todo indicaba que el asunto concluía.

Pero el 3 de agosto de 2006 Jacinta fue llevada con engaños en un vehículo no oficial a declarar ante las autoridades judiciales radicadas en Querétaro. El 19 de diciembre de 2008 el juez cuarto de distrito la condenó a 21 años de prisión y 2 mil días de multa. Las otras dos acusadas fueron sentenciadas a la misma pena un mes después.

En diciembre de 2008 su defensa fue asumida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, prestigiada organización con experiencia probada en este tipo de casos.

En el proceso judicial hay un número considerable de irregularidades, todas ellas debidamente acreditadas: la falta de un traductor que permitiera a Jacinta enfrentar en mejores condiciones el proceso, y las contradicciones en las declaraciones de los supuestos secuestrados, quienes nunca mostraron disposición a colaborar y permitir un trámite ágil. Aunque fueron citados para careos en más de 15 ocasiones, se negaron a acudir, mostrando así su ánimo vengativo y la prepotencia que no pudieron desplegar cuando intentaron despojar de sus mercancías a los vendedores del tianguis, donde Jacinta vendía nieves y aguas frescas.

Otra más de las irregularidades es la concesión de carácter de prueba a una imagen tomada por un fotógrafo de un diario local, cuyas declaraciones, en las que asegura no haber visto nada parecido a un secuestro, fueron desestimadas como prueba en favor de Jacinta.

Hay en el caso una clara muestra de la situación vulnerable de los indígenas ante el sistema de justicia, la cual se suma a la persistente discriminación y exclusión de las cuales son objeto en otras áreas, como salud o educación. En su resolución a la apelación del Centro Pro contra la sentencia, el magistrado se limitó a regresar el expediente al mismo juez que sentenció a Jacinta, para que sean desahogadas nuevamente las pruebas. Su decisión resulta incomprensible, pues en su fallo reconoce que hay contradicciones sustanciales en los testimonios de los agentes federales.

En el diagnóstico de derechos humanos en México, elaborado en 2003, se reconocía ya la necesidad de contar con un sistema penal basado en normas jurídicas y no en la connivencia u oportunidad política al momento de sancionar a responsables de delitos, con el fin de evitar que sean condenadas personas inocentes. Desafortunadamente, como lo evidencia este caso, siguen siendo empleados criterios políticos en la actuación de las instancias de procuración y administración de justicia, de manera que las sanciones contra estas mujeres responden a una práctica que se afianza: el uso arbitrario del sistema de justicia para alcanzar fines contrarios a los que deberían guiar la acción del Estado.

El caso de Jacinta deja traslucir la arbitrariedad con la que se procede contra personas altamente vulnerables: en este caso una mujer indígena. Para mayor información del caso pueden consultar la página del Centro Prodh: www.centroprodh.org.mx