l 24 de abril, legisladores de Campeche votaron para enmendar la Constitución del estado con la finalidad de reconocer el derecho a la vida
que comienza en el momento de la concepción. Campeche no es el primer estado en adoptar una provisión de este tipo: Baja California, Chihuahua, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Sonora han pasado recientemente legislaciones similares. La tendencia entre los estados mexicanos de reforzar restricciones ya estrictas sobre acceso al aborto surge como reacción a la política innovadora de la ciudad de México aprobada en 2007, la cual legaliza el aborto en el Distrito Federal durante las primeras 12 semanas de embarazo. Cuestionada por oponentes al derecho al aborto, la ley fue recientemente ratificada por la Suprema Corte de Justicia de México.
Esta nueva oleada de leyes estatales restringe aun más el limitado acceso que las mujeres mexicanas tienen a un aborto legal. Aun peor, hay evidencia de que se niega el aborto a las mujeres, incluso cuando cumplen con los criterios estrictos para acceder a un procedimiento legal. Human Rights Watch reportó recientemente que en Guanajuato, donde el aborto está prohibido a excepción de que se trate de una violación, se niega rutinariamente el acceso al procedimiento a las sobrevivientes de violaciones.
Estas políticas no sólo demuestran una alarmante falta de compasión sino que también contradicen directamente la fuerte evidencia proveniente de México y otras partes del mundo, la cual indica que restringir el acceso al aborto no lo hace menos común, sino que resulta en más mujeres que mueren o que están siendo laceradas por procedimientos clandestinos e inseguros.
Tomemos como ejemplo el siguiente caso: a pesar de las políticas altamente restrictivas, el número de abortos realizados en México aumentó un tercio (de 533 mil a 875 mil) entre 1990 y 2006, de acuerdo con el nuevo estudio realizado por el Colegio de México, el Population Council y el Guttmacher Institute.
La tasa de abortos de México, de 33 procedimientos por cada mil mujeres entre 15 y 44 años supera en más de 40 por ciento a la tasa de Estados Unidos (19 por cada mil mujeres), aunque el recurso al mismo es ampliamente legal en Estados Unidos.
Otra diferencia importante entre los dos países es la seguridad del procedimiento. En Estados Unidos, menos de 0.3 por ciento de las pacientes de aborto tienen complicaciones que requieren hospitalización. En claro contraste, 17 por ciento de las mujeres mexicanas que recurrieron a abortos en 2006 requirieron tratamiento por complicaciones en hospitales públicos.
Esta comparación no es específica a América del Norte. Un estudio mundial realizado por el Guttmacher Institute y la Organización Mundial de la Salud muestra que las tasas de aborto tienden a ser más bajas en países donde el procedimiento es ampliamente legal y donde hay extensa disponibilidad y uso de métodos anticonceptivos. Además, las tasas de aborto son aproximadamente similares en las regiones donde la práctica es legal así como en aquellos donde no lo es. Nuevamente, la única diferencia radica en que el procedimiento es muy seguro en países donde el aborto es legal y generalmente inseguro en países donde es altamente restringido.
Mundialmente, casi todos los abortos son el resultado de embarazos no planeados. Si los gobernantes y tomadores de decisiones políticas están preocupados por reducir el aborto inducido y por salvaguardar la salud de las mujeres, entonces deberían considerar la contundente evidencia, y focalizarse en acciones que promuevan la prevención.
Esto significa reconocer el deseo cada vez mayor de las mujeres mexicanas de tener familias más pequeñas, expandiendo el acceso a los anticonceptivos y promoviendo su uso. Significa apoyar la educación sexual integral para los jóvenes, con la finalidad de prepararlos para la vida, antes de que sean sexualmente activos. También significa terminar con las restricciones del aborto, ya que éstas no resultan en una disminución en la incidencia, y sólo sirven para poner en peligro la vida de las mujeres. Las mujeres mexicanas no se merecen nada menos.
* La Dra. Sharon Camp es presidenta y directora ejecutiva del Guttmacher Institute. La Dra. Fátima Juárez es profesora e investigadora del Colegio de México e investigadora distinguida del Guttmacher Institute.