urante los últimos días se ha difundido una amplia gama de información que va desde la que explica en qué consiste la llamada influenza porcina, su sintomatología, sus mecanismos de contagio, su detección y su tratamiento, pasando por la que califica las medidas adoptadas tanto por el gobierno federal como por autoridades estatales, hasta la que señala que ya algún laboratorio desde principios de abril había advertido de la aparición de este virus.

Más allá de debatir lo anterior, debemos preguntarnos por qué razón una enfermedad que no es mortal, si se detecta a tiempo, está matando gente en México.

De esta manera, lo primero que el sentido común nos dice es que o se carece de la infraestructura para detectarla a tiempo o bien no se cuenta con los medicamentos para combatirla, aunque en este último punto las diferentes autoridades han señalado que existe un abasto suficiente de retrovirales, los cuales se están administrando como medicamentos controlados, es decir, bajo estricta supervisión médica.

Luego entonces, algún inepto como yo se pregunta: ¿si tenemos los medicamentos y conocemos la sintomatología? el problema se reduce a detectar a tiempo la enfermedad, combatirla y evitar que ésta se propague.

Y lo que parece tan simple se complica por la sencilla razón de que, dentro del proceso descrito aparecen problemas para detectar dicha enfermedad o para que la gente tenga un acceso expedito y a tiempo al tratamiento de dicho padecimiento.

Así, me puse a revisar el presupuesto que se ha destinado a la Secretaría de Salud durante los últimos cuatro años. En un principio me emocioné cuando advertí que entre 2006 y 2009 el presupuesto de esta dependencia se incrementó en 42 mil 681 millones de pesos, al pasar de 42 mil 355 millones en 2006 a 85 mil 36 millones para 2009.

Entonces procedí a revisar en qué se había gastado tanto dinero de los contribuyentes. Lo primero que observé es que más de 60 por ciento de ese incremento, es decir, 28 mil 911 millones de pesos, se destinaron al llamado seguro popular que, como se ha venido sosteniendo ni es seguro (ya que nunca hay medicinas para los que recurren a él) ni mucho menos popular (ya que en muchos casos hay que pagar para tener acceso a sus servicios, además de que en gran parte de los casos, sobre todo en el sector rural, sus instalaciones se asemejan más a dispensarios médicos que a clínicas bien equipadas.)

Advertí que el pago de salarios se había incrementado durante el periodo mencionado en 5 mil 230 millones de pesos, y que la inversión física total (como pueden ser laboratorios para detectar enfermedades, hospitales, etcétera) representó entre esos cuatro años sólo 5 por ciento del presupuesto acumulado, y que prácticamente la totalidad de esta inversión fue aprobada para 2009, es decir, que apenas este año se va o se está realizando.

Pude observar que al Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, durante los años 2006 y 2007 se le asignaron precarios presupuestos, de 314 y 450 millones de pesos respectivamente, y para 2008 su asignación presupuestaria ascendió a mil 329 millones de pesos, de los cuales 723.8 millones fueron destinados a un rubro denominado otros gastos corrientes y para 2009 se redujo su presupuesto a un mil 149 millones de los cuales sólo 14.8 millones fueron para inversión física.

Al ver estas cifras, me preocupé y pensé que una parte del problema no es de origen virulento, sino presupuestario.

Es decir, que un virus que en principio no es mortal, a decir de las autoridades, se ha vuelto mortal por razones de infraestructura, de ineficiencia en su detección, de falta de prontitud en la atención, de escasa cobertura y difícil acceso a servicios de salud.

Por ello, no deben sorprendernos las medidas sanitarias que hasta ahora se han tomado ante la emergencia, por lo que los ciudadanos, debemos atenderlas de manera estricta y responsable.

Esta hipótesis se fortalece si observamos que, por ejemplo, en las modificaciones que se han realizado tanto a la ley del ISSSTE como a la del IMSS, se han esgrimido argumentos financieros y no de atención, prevención, eficacia y eficiencia médica.

Es decir, que esta emergencia sanitaria es otra manifestación del fracaso absoluto de nuestra política de gasto, por ello, el origen del problema lo debemos encontrar en lo que hemos dejado de hacer, y no en la emergencia, ya que al menos en nuestro país, la crisis de la influenza porcina es resultado de una economía porcina, que ha buscado a través de la salud del pueblo, más resultados electorales, que seguridad, eficiencia y eficacia.