Elementos del Ejército Mexicano trasladaron ayer a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en la ciudad de México a los cinco sujetos detenidos el pasado fin de semana tras un enfrentamiento entre miembros del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y militares, registrado la noche del sábado en el puerto de Acapulco, Guerrero.

Los inculpados –entre ellos cuatro sujetos que al ser arrestados en el interior de una residencia utilizada por miembros de los Beltrán Leyva se identificaron como policías ministeriales y dijeron haber sido levantados en días pasados por sicarios al servicio de Édgar Valdés, La Barbie, lugarteniente de Arturo Beltrán– declaran desde ayer ante el agente del Ministerio Público Federal. En las próximas 96 horas se definirá su situación jurídica.

Por la noche, el vocero de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo Celso Nájera, dio a conocer la identidad de los cinco sujetos arrestados en Acapulco. Se trata de Guillermo García González, Gerardo Salgado Cabrera, Eduardo Juárez Reyes, Alfredo Laureli Vázquez y Antonio López Damián.

El funcionario de la PGR indicó que a López Damián se le identificó por una credencial expedida por la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, la cual lo acredita como agente de la policía ministerial de aquella entidad.

El vocero de la PGR no ofreció detalles sobre la identidad y antecedentes de los sujetos que fallecieron durante el enfrentamiento, y tampoco confirmó si se trata de integrantes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, como afirmó ayer la novena Región Militar.

Nájera reveló que la fiscalía antinarcóticos de la PGR envió al puerto de Acapulco a tres agentes del Ministerio Público de la Federación, así como a siete peritos especialistas en balística, química, criminalística, tránsito, dactiloscopía y fotografía, con el propósito de realizar los peritajes en la zona en que ocurrió el enfrentamiento.

Los detenidos se encuentran en calidad de indiciados y se les investiga por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, portación y posesión de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y homicidio.