Ante a la poca probabilidad de que el gobierno federal pueda convencer a los partidos políticos de aprobar una reforma fiscal luego de las elecciones legislativas de julio próximo, México requerirá un plan adicional para evitar una rebaja en su calificación soberana, afirmó la consultora Fitch Ratings.

Tendríamos que evaluar las implicancias de ese plan B sobre el déficit fiscal y las dinámicas de la deuda pública para decidir sobre la calificación, dijo la analista de Fitch, Shelly Shetty, a Reuters. De esta manera, las tres principales firmas de calificación financiera en el mundo y el Fondo Monetario Internacional (FMI), han advertido en menos de un mes del deterioro de las finanzas públicas en el país y de un eventual fracaso de las políticas desplegadas para enfrentar la recesión económica.

Fitch, que revisó la perspectiva de la calificación de México a negativa en noviembre del año pasado, con el argumento de que podría tomar la decisión de bajarla si el gobierno no lograba ajustar las finanzas públicas a una nueva realidad de recesión y caída en la recaudación, se sumó a los señalamientos de Moody’s y Standard & Poor’s, las otras dos grandes calificadoras financieras, que por separado han hecho señalamientos similares.

Es una temporada absurda en la política de México, a la luz de las inminentes elecciones legislativas, pero claramente esos comentarios demuestran la batalla cuesta arriba que la administración de (el presidente Felipe) Calderón enfrentaría para convencer a los partidos políticos de hacer una reforma fiscal, explicó Shetty. Agregó: Es más complicado que semejantes reformas sean aprobadas durante una recesión económica.

Por su parte, Joel Virgen, especialista del grupo financiero Banamex-Citigroup opinó que las declaraciones de Fitch, junto a las del FMI en relación con la necesidad de enfrentar el déficit financiero, añaden presión a las autoridades y refuerzan la atención de los participantes en los mercados sobre los resultados de las elecciones intermedias del 5 de julio y las acciones oficiales en materia de finanzas públicas.

El pasado 11 de mayo Standard & Poor’s revisó la perspectiva de las calificaciones soberanas de México a negativa de estable, los cual, indicó, refleja nuestra evaluación sobre el deterioro en sus posiciones fiscal y externa, aunado a la posibilidad de que el Congreso, tras las elecciones legislativas de este año, no resuelva adecuadamente la falta de flexibilidad en la política fiscal de México. Apuntó: el deterioro de las finanzas públicas en México acentúa las vulnerabilidades fiscales estructurales subyacentes del país, tales como su dependencia presupuestaria de los ingresos petroleros, la ausencia de ahorros fiscales significativos y una baja base tributaria no petrolera.

Tres días después, el 14 de mayo, Moody’s consideró que el gobierno mexicano falló en poner en práctica una política de estímulo fiscal y monetaria sólida para hacer frente a la crisis económica y financiera, hecho que retrasará la recuperación de la actividad productiva una vez que el país cayó en recesión.

Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s, señaló: aunque México tenía una situación macroeconómica más saludable, el gobierno no generó la flexibilidad fiscal suficiente (gasto) para mitigar el impacto de un choque externo, además de que la política monetaria, responsabilidad del Banco de México, no se sincronizó al estímulo fiscal a tiempo, a pesar de la clara evidencia de recesión.

El especialista precisó que, en contra de lo que pensaba el gobierno mexicano, el país no podrá librarse de la maldición-bendición de estar atado al destino de la economía de Estados Unidos.

Sin embargo, el balance de las finanzas públicas mexicanas durante el periodo de enero a abril de 2009 fue fue superavitario en 23 mil 900 millones de pesos, informó la Secretaría de Hacienda. Aun cuando ese saldo favorable fue 80 por ciento menor al registrado en los cuatro primeros meses de 2008, el cual ascendió a 112 mil 314.6 millones de pesos, precisó la dependencia.