La Procuraduría General de la República (PGR) rechazó varias demandas de amparo promovidas por los 10 alcaldes y 20 funcionarios del estado de Michoacán detenidos el 26 de abril por presuntos nexos con los cárteles de La Familia y del Golfo-Zetas. Funcionarios de la dependencia señalaron que las peticiones de protección de la justicia federal son improcedentes, pues a los ediles se les investiga por delincuencia organizada.

Los entrevistados señalaron que desde el día en que fueron aprehendidos los 10 presidentes municipales (seis priístas, dos panistas y dos perredistas), así como funcionarios de la Procuraduría general de Justicia de Michoacán y de diversas áreas de seguridad pública estatal, comenzaron a tramitarse amparos contra las detenciones.

Las fuentes señalaron que jueces federales han respondido que los ahora arraigados primero fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, con base en órdenes de localización y presentación, y posteriormente se les detuvo porque en sus declaraciones se encontraron indicios de responsabilidad.

Los abogados de los alcaldes y los otros detenidos solicitaron amparos para no permanecer detenidos, pero como se les investiga por delincuencia organizada, fueron arraigados por 40 días.

Los funcionarios entrevistados comentaron que esta medida ha servido para que los jueces federales desechen los amparos, pues las detenciones fueron consideradas legales y un juez avaló los arraigos con base en indicios sólidos.

Jueces de distrito y abogados penalistas consultados por La Jornada aseguraron que la suspensión provisional en vía de amparo que consiguieron 21 alcaldes priístas de Michoacán sólo les servirá para saber si existen órdenes de aprehensión en su contra, pero no impediría su eventual captura.

Expertos en amparo explicaron que las leyes mexicanas impiden que las suspensiones provisionales surtan efecto para actos futuros o inciertos; tampoco aplican cuando el quejoso es acusado de delitos graves que no permiten libertad bajo fianza.

Los alcaldes que obtuvieron la suspensión provisional son Salvador Bastida, de Tacámbaro; Roberto García, de Huetamo; Francisco Villa, de Nocupétaro; Pedro Villalobos, de Chilchota; Roberto Bautista, de Cherán; Guillermo Oropeza, de Ixtlán; Miguel Amezcua, de Tangamandapio; Ignacio Ramos, de Tingüindín; Santiago Alejandro Amezcua, de Sahuayo; Alejandro Avilés, de José Sixtos Verduzco, y Cristóbal Quintero, de Ecuandureo.

También obtuvieron protección provisional José Juan Yepes, de Charo; Salomón Fernando Rosales, de La Huacana; Everardo Cruz, de Turicato; Miroslava Meza, de Gabriel Zamora; Francisco Ocampo, de Tuzantla; Francisco Guerrero, de Nuevo Parangaricutiro; Raymundo Alcaraz, de Álvaro Obregón; Oracio Colín, de Susupuato; José Artemio Castillo, de Jacona, y el alcalde de Múgica, Armando Medina.

En tanto, nueve de los 10 ayuntamientos cuyos alcaldes fueron arraigados por la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada autorizaron un permiso de ausencia por 30 días a los ediles y dieron posesión como encargados de despacho a los síndicos municipales. La excepción fue el ayuntamiento panista de Uruapan, en cuyo cabildo persiste una pugna de grupos.

La licencia por 30 días naturales fue resultado de una propuesta del Congreso de Michoacán. Si los alcaldes son procesados y por tanto no vuelven a sus cargos, el Congreso local nombrará presidentes municipales, a propuesta de los cabildos.

En la ciudad de México siguen arraigados, al igual que el edil de Uruapan, Antonio González, los alcaldes de Apatzingán, Genaro Guízar; Aquila, José Cortés; Buenavista Tomatlán, Osvaldo Esquivel; Tepalcatepec, Uriel Farías; Coahuayana, Audel Méndez; Tumbiscatío, Adán Tafolla; Arteaga, Jairo Germán Rivas; Hidalgo, José Luis Ávila, y Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac.