Jalapa, Ver., 10 de junio. Al menos cinco mujeres indígenas del estado que resultaron embarazadas tras ser violadas, algunas por familiares, no pudieron abortar debido a obstáculos legales y desconocimiento de los requisitos para tramitar las dispensas jurídicas, informó Martha Mendoza Parisi, directora del Instituto Veracruzano de la Mujer. Dos de estas mujeres eran discapacitadas mentales y tres menores de 15 años que tuvieron que dar a luz, agregó.

Rechazó que en los cinco casos –detectados a partir de diciembre pasado, cuando algunos embarazos ya estaban muy avanzados– haya habido negligencia de las autoridades o intención de impedir que las víctimas abortaran. Según organizaciones civiles, así sucedió en el caso de una mujer de 30 años de edad con desarrollo mental de tres, quien fue atacada sexualmente en el municipio huasteco de Chicontepec.

Ahí se abrió la polémica, pues el plazo de 12 semanas para permitir la interrupción del embarazo concluyó en diciembre de 2008 y hubo negligencia de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) para emitir la dispensa. No pudimos hacer nada, pues fue decisión de los padres continuar con el embarazo, recordó.

En Tantoyuca, una joven de 22 años de edad con discapacidad mental fue víctima de abuso sexual y resultó embarazada. En ese caso la interrupción del embarazo ya no era posible porque se pidió cuando el producto ya tenía siete meses y los padres de la joven también decidieron conservar al bebé y convertirse en sus tutores.

La funcionaria añadió que una adolescente de 12 años y una de 13, de la Huasteca veracruzana, tampoco pudieron interrumpir sus embarazos por haber rebasado el plazo legal.

En los cinco casos de abuso sexual los agresores fueron familiares o vecinos, dijo la funcionaria. La PGJE tiene abiertos los cinco expedientes y hay dos detenidos por la violación de las menores.

En febrero, organizaciones civiles de Veracruz denunciaron que la procuraduría estatal retrasó deliberadamente la dispensa de ley para que se pudiera practicar un aborto a la discapacitada de Chicontepec víctima de violación.

Según las agrupaciones Xochiquetzal y Católicas por el Derecho a Decidir, la violación se habría cometido a finales de 2008, entre noviembre y diciembre, por lo que hasta enero pudo haberse interrumpido legalmente el embarazo.

Sin embargo, señalaron, tanto la procuraduría veracruzana como la Secretaría de Salud dejaron que pasara el tiempo.