Hermosillo, Son., 22 de junio. ¿Dónde quedó la bolita? El anuncio del director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam, de que demandará al gobierno de Sonora, formaliza la disputa abierta desde la tragedia, coincide con la muerte de Ximena Álvarez Cota, la víctima número 47, y con la detención de los primeros siete presuntos responsables, todos empleados de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, dependencia que rentaba la bodega adjunta a la guardería ABC.

El escándalo político, sin embargo, deja en segundo plano una pregunta central: ¿qué tipo de atención y de qué calidad deben recibir los niños mexicanos?

Puede comenzar a dibujarse una respuesta a partir de un hecho: la famosa coordinación entre niveles de gobierno, que la administración federal demanda con insistencia en temas como el combate a la delincuencia, es letra muerta en cuanto a las guarderías.

La red de estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) se ha construido al margen de los gobiernos estatales. La dependencia no informa cuántas estancias existen ni dónde están, ni quiénes son sus responsables, mucho menos acepta esquemas de colaboración, dice Omar Garfias, subsecretario de Desarrollo Social del vecino estado de Sinaloa, quien pidió formalmente tal información a la dependencia y nunca obtuvo respuesta.

“No es difícil deducir –sigue Garfias– que la Sedeso federal quiere crear beneficiarios ‘agradecidos’ solamente con el gobierno federal, sin que el reconocimiento pueda diluirse en otros actores, amén de impulsar negocios de mujeres que militan en el Partido Acción Nacional.”

El funcionario sinaloense, quien trabajó por largo tiempo en la Sedeso federal, sostiene que esa dependencia busca sembrarse en las colonias populares con fines electorales. De ahí el celoso ocultamiento de la información.

El esquema deriva en una carga para el programa, puesto que se rechaza a otros actores que podrían contribuir con materiales, alimentos o subsidios monetarios.

En lo que toca a la seguridad, la red de estancias (a propósito se les llamó así, para no tener que cumplir las reglas que rigen para las guarderías) de la Sedeso deja mucho que desear, según Garfias.

Pero no es así para Ernesto Cordero, titular de la Sedeso, quien tras la tragedia de Hermosillo declaró que las estancias, buque insignia del gobierno de Felipe Calderón, son más seguras que las casas de los beneficiarios.

Aisladas intencionalmente de los ayuntamientos, sin embargo, no tienen contacto con las instancias reguladoras del uso de suelo ni con los órganos municipales de protección civil. La Sedeso no informa, no invita, no avisa ni pide permisos conforme los reglamentos municipales, argumenta Garfias.

Estamos revisando que (las estancias) no colinden con ninguna instalación que podría reflejar o significar un peligro, como fue el caso de Hermosillo, dijo Cordero, naturalmente tras el incendio de la guardería ABC.

La revisión en Sonora reveló 10 estancias ubicadas en lugares riesgosos: cerca de gasolinerías o junto a panaderías, pizzerías y herrerías. La delegación Sonora de la Sedeso federal también descubrió que había autorizado la apertura de una estancia, en la colonia San Vicente, junto a un cerro donde hay riesgo de desprendimiento de rocas y otra, en el ejido Primero de Mayo, junto a una bodega de fertilizante y diesel.

Con la lógica que ahora emplea Daniel Karam para demandar al gobierno sonorense, ¿demandaría la Sedeso federal a los dueños de una panadería, de un almacén de diesel o al cerro de las rocas?

Gustavo de Unanue, delegado de la Sedeso, culpó, en la prensa local, a los ayuntamientos, es decir, a las instancias responsables de regular el uso de suelo, mismas a las que no informan de dónde abrirán las estancias: No hay el mínimo respeto al uso de suelo, es muy difícil encontrar una zona totalmente libre y segura.

Las marchas y las cabalgatas

Los gobiernos federal y estatal han repetido hasta el cansancio que las familias de los niños muertos y heridos reciben y seguirán recibiendo todo tipo de apoyos (incluidos los 150 mil pesos por niño fallecido).

La lógica de la subrogación, fincada en la necesidad de ahorrar los siempre insuficientes recursos del IMSS, lleva al gobierno estatal, por conducto del DIF, a abrir cuentas bancarias a nombre de cada uno de los niños hospitalizados, para que la ciudadanía haga donaciones. Todos los días se anuncian kermeses, bailes y colectas callejeras para recaudar fondos.

El espíritu austero contrasta con los gastos millonarios de Bours en su pasatiempo de montar a caballo. A lo largo de su sexenio se hicieron costumbre las cabalgatas: entre tres y siete mil jinetes, la mayoría vestidos con camisas rojas que identifican al priísmo local, recorrían largos trayectos en un afán de fortalecer la identidad sonorense o algo así.

Se pasean por lugares donde sólo quedan niños y ancianos, porque los jóvenes se han ido a trabajar a Estados Unidos, y ahí presumen sus caballos de 10 o 15 mil dólares, dice el diputado perredista Carlos Navarro.

La última cabalgata recorrió 70 kilómetros y participaron más de 7 mil 500 jinetes, muchos vestidos con camisas rojas. En Ures, lugar de partida, fueron recibidas 5 mil pacas de alimento para los equinos. La cabalgata se llamó, para que no quedara duda de su destino final, Rumbo a la capital. Se llamó así porque tras dejar la gubernatura Bours ha anunciado que recorrerá el país para medir sus posibilidades de ser candidato a la Presidencia de la República. Eso ya no ocurrirá, según Navarro: Pensó que iba a salir en hombros y ahora ni siquiera se atrevería a hacer una gira, ya no digamos por todo el país, sino por Sonora.

Señoras, no sean atenidas

La tragedia de Hermosillo y el subsecuente juego de culpas entre el gobierno federal y el sonorense, en la recta final electoral, ha dejado en segundo término el debate de fondo que plantea Garfias: ¿Quién debe atender a los hijos de madres trabajadoras y cuál deber ser el nivel de calidad de esa atención?

Las razones para subrogar los servicios de guarderías son puramente financieras, tienen que ver con falta de recursos y con la necesidad de sanear el presupuesto del IMSS. Y las acciones emprendidas para sustituir al gobierno como proveedor del servicio no han conseguido que las guarderías tengan el nivel que llegaron a alcanzar las que administra el Seguro Social. No lo consiguen ni los particulares que buscan ahorros usando las porosas y endebles reglas de la subrogación, ni las señoras de buen corazón pero de nulos conocimientos educativos.

El tema es de tal importancia que requiere de una política de Estado que haga confluir a actores privados y públicos. “Hablamos de educar y alimentar niños, de proteger su salud y su seguridad, no de si el gobierno deja de fabricar bicicletas o de ser dueño de equipos de futbol. No hay otro tema que tenga la importancia de éste. ¿O vamos a esperar que los excluidos de 2027 digan: ‘Fui rebasado desde que tenía seis meses porque entré a una guardería para pobres’?”

Con las “estancias changarro”, sostiene Garfias, el gobierno federal parece decir a las madres de colonias populares: No sean atenidas. Una de ustedes cuide a los niños de las demás. Les voy a dar un material, una feriecita para que coman y métalos a su casa. No les quite el ojo de encima a los niños y si pasa algo salgan corriendo.

Completa Garfias: Visiten una guardería particular, para niños de familias acomodadas, ¿no deberíamos, como sociedad, garantizar lo mismo para todos nuestros niños pequeños? La solución real es que no haya más ausencia del gobierno.