La declaración del presidente Felipe Calderón de que no necesita solicitar permiso a ninguna autoridad para combatir la delincuencia fue considerada como una violación al pacto federal por diputados de oposición. Por el contrario, los panistas salieron en defensa del titular del Ejecutivo, pues, dijeron sólo con mano dura se logrará eliminar al crimen organizado.

Alfonso Suárez del Real, presidente de la Comisión de Cultura en San Lázaro, señaló la urgencia de emprender el combate al narcotráfico, pero, aclaró, la lucha contra el crimen organizado no puede pasar por encima de la Constitución. Ninguna ley autoriza al gobierno federal a violar la autonomía e independencia de estados y municipios.

El perredista emplazó al gobierno de Calderón a explicar la detención anticonstitucional de 10 alcaldes de Michoacán. Debe explicar por qué las autoridades federales no han procedido a realizar las investigaciones correspondientes en contra de la familia Salinas de Gortari. También, por qué la Procuraduría General de la República no ha procedido a realizar una investigación de funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

En tanto, Alejandro Chanona Burguete, del partido Convergencia, consideró inadmisible la postura de Calderón, y reavivó un tema que aún se encuentra congelado en el Congreso federal: nuestro partido considera necesario atender las demandas sociales que claman por medidas contundentes que resuelvan la inoperancia del gobierno, la corrupción, la ineficacia en materia de seguridad pública, el crecimiento del desempleo y la fallida política económica, entre otros, y si no pueden resolverlo entonces que el pueblo les quite el mandato.

El presidente de la Cámara de Diputados, César Duarte, recomendó ayer al Ejecutivo aplicar la cortesía política en la aplicación de los operativos de seguridad en los estados.

Coincidió con el presidente Felipe Calderón en que el gobierno federal no debe pedir permiso como titular del Ministerio Público, pero sí debe observar la soberanía de los estados y la autonomía de los municipios.

Mano dura, la salida blanquiazul

Con una posición opuesta a la causa que defiende la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, su presidenta, la panista Omeheira López Reyna, colocó sobre la mesa el criterio defendido desde tiempo atrás por Acción Nacional.

“La mano dura que el Presidente pone en ese sentido, de decir no voy a pedir permiso ni estoy en obligación de pedirlo, es la única manera de combatir la impunidad y la falta de justicia en el país… lo que buscamos es que se ejecuten acciones que combatan al crimen organizado, y al no notificar a un gobernador sobre que se detendrá a su propio procurador de justicia o a elementos de seguridad, se impide la evasión de la ley.”

Para el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Juan Francisco Rivera Bedoya, representante del PRI, la postura de Calderón fue exabrupto y una falta de cortesía, que abona a un estado dictatorial.

Es un exabrupto, una falta de cortesía. Donde ya no se respete la soberanía de los estados estamos ante una situación dictatorial; estamos de acuerdo y sabemos de su lucha y la respetamos, pero no debe ignorar a los gobernadores.

El perredista Armando Barreiro advirtió de la amenaza autoritaria generada desde el poder presidencial. Está omitiendo la separación que como Federación y estados está establecida en la Constitución, porque los gobiernos estatales tienen facultades para definir las políticas que más convienen, y uno de ellas es en materia de seguridad, concluyó.