asta ya de otra mejilla…”, dice la estremecedora letra de la canción con que la joven compositora e intérprete María Inés Ochoa participó en el Encuentro americano contra la impunidad y por una justicia autónoma. Con esta frase resumió el espíritu de una reunión celebrada en territorio zapatista, en respuesta a la convocatoria lanzada por el Comité contra la Impunidad, que congregó en territorio rebelde a un millar de personas provenientes de más de 20 países de este continente.

Del historial de horrores, que va de asesinato a desapariciones, torturas, violaciones y un sinfín de vejaciones tramadas desde el Estado contra los pueblos que resisten el despojo y la destrucción neoliberal, los participantes se refirieron a la necesidad urgente de organizarse desde abajo para cerrar el paso a la impunidad. Hubo quienes afirmaron que para empezar a organizar una justicia autónoma es necesario acabar primero con el Estado capitalista, que es la base de toda injustica. Otros se pronunciaron por seguir los ejemplos de autonomía que ya son realidad en las comunidades zapatistas de Chiapas o en La Montaña de Guerrero, donde la policía comunitaria (la gran ausente en este encuentro) ha logrado grandes avances en materia de impartición de justicia al margen de las instituciones.

El derecho de los pueblos a la autodefensa fue retomado por el luchador peruano Hugo Blanco, quien en coincidencia con el reciente pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena (CNI) señaló que si los pueblos son asesinados, agredidos, violentados y ultrajados en la defensa de sus territorios, como recientemente ocurrió en Bagua, Perú, tienen el legítimo derecho a no dejarse y a responder de las formas como les sea posible. El desconocimiento de las instituciones jurídicas de cada país fue otra de las constantes en la reunión continental.

Apenas unos días antes, en la comunidad de Ostula, Michoacán, los participantes en el CNI afirmaron (y reiteraron en este encuentro) que nuestros pueblos tienen, en el contexto de sus derechos a la libre determinación y autonomía, el derecho de organizar su autodefensa del modo que consideren conveniente, en tanto no atenten contra los derechos humanos. Por ello la creación, en el contexto de nuestra cultura y organización tradicional, de policías comunitarias, guardias comunales y otras formas organizativas comunales para la autodefensa indígena son legales, legítimas y, sobre todo, necesarias frente a la profunda corrupción y descomposición de las instancias encargadas de impartir justicia.

Los pronunciamientos son públicos. No podremos llamarnos a engaño.

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