A unos días de las elecciones, los dos principales bloques perredistas afirman, cada uno por su lado, que tendrán la fuerza necesaria para controlar la fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados.

Izquierda Unida predice que obtendrá la mayoría, mientras Nueva Izquierda estima que puede tener 60 en caso de que se cumpla la expectativa del partido de alcanzar entre 90 y 100.

El primer bloque expresó molestia, porque Efraín Morales y Evelin Parra, miembros del secretariado del PRD capitalino, pertenecientes a la corriente de Jesús Ortega, interpusieron ante la Comisión Política Nacional un recurso por suspensión de derechos partidarios de Alejandra Barrales y Manuel Oropeza, presidenta con licencia y secretario general del partido en el Distrito Federal, por negarse a reconocer a Silvia Oliva como candidata a jefa delegacional de Iztapalapa.

Oropeza lo confirmó y dijo que la queja fue entregada en la presidencia nacional y secretaría general del sol azteca el lunes pasado.

Por su parte, el diputado Alejandro Sánchez Camacho, de Izquierda Unida, expresó que la cohesión de la bancada perredista en San Lázaro dependerá de si prospera una sanción contra Andrés Manuel López Obrador por apoyar a candidatos del PT y Convergencia. De antemano advirtió sobre la continuación del Grupo Patria, conformado por diputados afines al ex candidato presidencial.

A su vez, Miguel Barbosa, coordinador nacional de Nueva Izquierda, no descartó una escisión al momento de conformar el próximo grupo parlamentario, aunque se mostró seguro de que mantendrán una alianza con los perredistas del estado de México, como Alternativa Democrática Nacional.

La Comisión de Ética del PRD, en tanto, emitió un pronunciamiento contra el voto nulo. No obstante, consideró que el partido no debe desatender ese tipo de expresiones para que sus diputados y senadores realicen, en la próxima legislatura, las reformas electorales que respondan al origen de ese descontento social.

También se pronunció, en un comunicado, por que el sol azteca haga valer los artículos 39 y 40 de la Constitución política para hacer que la soberanía –y por tanto la revocación de mandato, el plebiscito, la rendición de cuentas y candidaturas independientes, englobadas en la democracia participativa– regrese a su verdadero dueño: el pueblo.