Ciudad Juárez, Chih., 1º de julio. Elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Policía Federal evacuaron el hipódromo y el galgódromo de esta ciudad, luego que el concesionario, José María Guardia, perdió un juicio con el que buscaba conservar el negocio. El gobierno federal –dueño del inmueble– finalmente se lo quitó con el argumento de que no pagaba la renta estipulada ni cumplía con los términos de la concesión.

El desalojo violó derechos laborales de los poco más de 50 empleados del centro de diversiones, quienes habían emplazado a huelga a Guardia en demanda de salarios y prestaciones.

La delegación de la PGR en Ciudad Juárez informó en un comunicado que, como resultado del juicio ordinario 235/2005, radicado en el juzgado cuarto de distrito en materia civil, se resolvió recuperar el inmueble como parte de una demanda iniciada contra Cesta Punta Deportes SA de CV el 23 de noviembre de 2005.

Añadió: En presencia de actuarios designados por el juzgado séptimo de distrito en el estado de Chihuahua, servidores públicos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), con apoyo del agente del Ministerio Público de la Federación, de la delegación estatal de la PGR, Policía Federal Ministerial y Policía Federal, se cumplimentó la diligencia que por casi cuatro años se mantuvo en litigio.

El galgódromo estaba desde hacía por lo menos 15 años en posesión del filipino nacionalizado mexicano José María Guardia, quien cobró notoriedad en 2003, cuando fue acusado por el ex procurador general de la República, Jorge Carpizo MacGregor, de lavar dinero en contubernio con 15 personas, entre ellas el cardenal de Jalisco, Juan Sandoval Íñiguez.

En agosto de 2003, Guardia citó a conferencia de prensa en el galgódromo, donde desmintió la imputación, acompañado por Sandoval Íñiguez y del jefe de la Oficina Federal de Investigación (FBI) en El Paso, Texas, Hardrick Crawford, quien le entregó un documento en el cual negó que fuera narcotraficante.

Crawford fue destituido meses después y se le impuso una sentencia de seis meses de cárcel y cuatro años de libertad condicional por falsear información. Su esposa trabajó en el galgódromo de Juárez, donde ganaba más de 5 mil dólares al mes. Además, Guardia obsequió al matrimonio viajes a Las Vegas y membresías en clubes privados.

El FBI llevó a Crawford a los tribunales porque el ex funcionario mintió acerca de su amistad con José María Guardia y no dio a conocer los beneficios que obtenía. Como parte de este proceso, el cardenal Sandoval Iñiguez compareció ante la corte federal de distrito de El Paso, para testificar en favor del acusado.

Guardia y el cardenal Juan Sandoval fueron exculpados en diciembre de 2003 por la PGR, que determinó no ejercitar acción penal por considerar que no había delito que perseguir.