Más de cinco meses de saturación mediática con propaganda –23 millones de espots transmitidos–; los desafíos de los consorcios televisivos, que han mostrado su inconformidad con los cambios en la normatividad; los partidos políticos buscando resquicios en la ley para violentarla, con tal de escalar en las encuestas, y las autoridades rebasadas por momentos y confrontadas por criterios legales, es el saldo de la campaña en la cual se estrenó la reforma electoral.

Destacaron, en este contexto, la confrontación entre PAN y PRI, punteros en las encuestas para alcanzar mayoría en el Congreso, que se caracterizó por la descalificación mutua; la recurrente violación a la Constitución y la legislación electoral en que incurrió el PVEM para posicionarse en la campaña, y el distanciamiento entre los partidos que integraron, en 2006, la coalición Por el Bien de Todos.

En medio de la escasa penetración de las campañas partidistas irrumpió en el debate un movimiento llamando a votar en blanco o a anular el sufragio, en dos vertientes: por una parte, el movimiento impulsado por organizaciones ciudadanas; por otra, la inconformidad de empresas de medios con la reforma electoral que introdujo un nuevo modelo de comunicación política.

La aplicación de la reforma alcanzada en 2007-2008 mostró al Instituto Federal Electoral (IFE) abrumado y rebasado por la judicialización de las campañas. Si en 2003, la elección intermedia más reciente, el instituto realizó 18 sesiones, y en 2006, cuando se eligió presidente y se renovó el Congreso de la Unión, lo hizo 32 veces, en el proceso actual la cifra triplicó a la de 2003, al alcanzar 66 sesiones.

Entre otras causas, fue necesario realizar ese número de sesiones por los 192 procedimientos administrativos sancionadores especiales que promovieron los partidos por acusaciones mutuas, contra funcionarios de los tres niveles de gobierno e incluso siete contra medios de comunicación.

Este último punto marcó el proceso: la relación entre el IFE y los medios de comunicación, en particular Televisa y Tv Azteca, que presentaron los mayores desafíos a la autoridad electoral. Desde la negativa a transmitir promocionales y la incorporación de cortinillas e interrupción de programación deportiva, hasta la utilización de propaganda disfrazada en favor de algunos partidos, aprovechando lagunas en la ley para publicitarse en forma ilegal.

Si bien PAN, PSD, Panal y PRI incurrieron en esta práctica ilegal, las violaciones a la legislación en materia de radio y televisión fueron eje para el posicionamiento del PVEM.

Con propuestas ajenas a las que reivindican los partidos ecologistas en el mundo –en especial la pena de muerte–, el PVEM se posicionó con base en sus estrechas relaciones con los consorcios televisivos, postulando como candidatos a personas vinculadas a esas empresas.

Desde la polémica difusión de mensajes sobre informes de legisladores –que en principio les costó 20 millones de pesos por la multa que le impuso el IFE, condonada después por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación– hasta la sanción de 4 millones de pesos por la publicidad ilegal a través de anuncios de la revista Tv y novelas, el PVEM optó por asumir los costos a cambio de su presencia mediática.

La guerra PRI-PAN

Otro signo de la campaña fue la confrontación abierta entre PAN y PRI, que se sustentó en publicidad agresiva y prolongados litigios para dirimir presuntas ilegalidades. El PAN apuntaló su tarea proselitista en dos vertientes: una campaña de contraste, como la definió, utilizada en el arranque del proceso, en la que descalificaba el pasado priísta, y el uso de la figura presidencial como bandera central. Al igual que el PVEM, el costo de incurrir en irregularidades fue bajo para el PAN: menos de 4 millones de pesos en multas.

En el ámbito legal, el PAN promovió varios recursos contra el PRI y gobiernos estatales priístas, en especial el de Veracruz, presentando denuncias contra el mandatario Fidel Herrera por la utilización de programas sociales con fines proselitistas, y en fecha reciente, al promover una queja contra el secretario particular de Herrera, Luis Arturo Ugalde, al presentar una grabación donde condiciona a los funcionarios de gobierno a crear una estructura electoral en favor del tricolor.

El PRI se centró en dos puntos: atajar la campaña negra panista, con la finalidad de evitar un impacto como el que logró en 2006 contra la coalición Por el Bien de Todos, y evitar el debate sobre temas espinosos. Promovió quejas contra la campaña de contraste del blanquiazul y por el uso de la imagen presidencial.