Organizaciones feministas y de defensa de los derechos humanos demandaron el cese al hostigamiento y la represión que el gobierno de facto de Roberto Micheletti ha desplegado en Honduras.

El director ejecutivo de la División de Las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dirigió una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, en la cual le solicita que en la entrevista que tendrá con funcionarios hondureños los inste a respetar las garantías fundamentales hasta que se resuelva la crisis provocada por el golpe de Estado.

Expresa en la misiva que ha recibido denuncias sobre graves abusos cometidos por los agentes de seguridad hondureños, como uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y actos de censura, y sostiene que a HRW le preocupa el decreto de estado de excepción, que podría llevar a que se perpetren más atropellos.

Vivanco subraya que se sabe de 91 detenidos del 29 de junio a la fecha, 14 de ellos heridos, a quienes se ha retenido sin formularles cargos, y horas después han sido liberados.

Mientras, ante la embajada de Honduras en México, integrantes de más de 70 organizaciones feministas y de apoyo a las garantías fundamentales realizaron una manifestación para demandar que se detenga la represión en el país centroamericano.

Pilar Muriedas, integrante de la Red de Salud de las Mujeres de Latinoamérica y el Caribe, aseveró que las feministas hondureñas exigen el regreso del presidente constitucional, Manuel Zelaya, pues no sólo fue elegido en las urnas, sino que ha apoyado la agenda de equidad de género, a diferencia de lo que ha hecho el Congreso conservador.

Mientras, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos violaciones a las libertades fundamentales en Honduras luego del golpe de Estado.

Enumeró actos de persecución contra dirigentes políticos, defensores de los derechos humanos y miembros del gabinete presidencial; acciones de reclutamiento forzoso de jóvenes y trabajadores por el ejército en las fincas bananeras, y el cierre ilegal de Radio Progreso el 28 de junio pasado, así como el hostigamiento hacia los trabajadores, lo que los obliga a transmitir desde la clandestinidad.

A su vez, Raúl Benítez, experto en seguridad centroamericana y catedrático del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, advirtió que sin una salida de consenso al golpe militar no sólo se derrumbará la economía de Honduras, sino que habrá efectos negativos para los países de la región, México incluido.