El Estado mexicano incumple sus obligaciones internacionales para garantizar los derechos humanos de los migrantes que transitan por el país, ya que en el año se ha documentado un incremento en las violaciones a las garantías de ese sector, así como la permanencia de una perspectiva de control y restricción que criminaliza los flujos migratorios, consideraron diversas organizaciones defensoras de los migrantes.

Señalaron que en los últimos seis meses han sido secuestrados en el país alrededor de 10 mil migrantes y, en muchos casos, las autoridades de los tres órdenes de gobierno están coludidas con los delincuentes.

Sin Fronteras (SF), el Centro de Derechos Humanos del Migrante (CDHM) y el Comité por los Derechos Humanos de Tabasco (CDHT) señalaron que México carece de una política migratoria integral basada en las garantías fundamentales.

Por el contrario, advirtieron, el Estado mexicano tiene un enfoque hacia ese fenómeno que se limita a controlar el ingreso y tránsito de los migrantes con acciones policiacas, el incremen- to de centros de detención, aumento de programas de deportación y el permanente vínculo que le dan a la migración con los problemas de delincuencia organizada. Perspectiva contraria a estándares internacionales de derechos humanos para ese sector que México está obligado a cumplir.

Emilio Chávez, director de SF, resaltó que México es ejemplo de una gran paradoja, ya que maneja un doble discurso, que por un lado exige a los estadunidenses una política migratoria para beneficio de los mexicanos que buscan oportunidades en aquella nación, pero en su interior no hay visos de una política de protección a los centroamericanos.