Colima, Col., 4 de julio. La guerra sucia iniciada en las campañas prevalecerá después del 5 de julio y la competencia por la gubernatura se decidirá en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pronosticaron actores participantes y partidos.

Los dirigentes del PRD y el PAN, Francisco Rodríguez García y Fernando Antero Valle, respectivamente, dijeron a La Jornada que el reparto de libelos, la difamación entre oponentes y las múltiples denuncias penales lanzadas en la guerra sucia durante las campañas, proyectan un conflicto poselectoral de solución jurisdiccional.

“Esperamos que muchos electores acudan temprano a las urnas, aunque también repercutirá negativamente la guerra sucia del PRI y del PAN, que se acusaron mutuamente de postular candidatos vinculados al narcotráfico”, estimó el líder perredista Rodríguez García.

Además, al descontento popular derivado de los pleitos entre candidatos y partidos hay que sumar la promoción del voto en blanco, por cuyo efecto podría bajar la votación histórica del estado, que se ubica por encima de la media nacional, entre 63 y 65 por ciento del listado nominal, consideró.

“Judicialización del proceso”

Se prevé incluso la judicialización del proceso, indicó, pues el miércoles pasado la ex secretaria de Desarrollo Social y coordinadora de las campañas del PAN, Josefina Vázquez Mota, dijo en el mitin de cierre de Martha Sosa –candidata a la gubernatura– que su partido ya ganó la elección de Colima y se apoyará con todo ese triunfo; lo cual es una declaración de guerra poselectoral.

A su vez, el dirigente panista Antero Valle sostuvo que el gobernador priísta Silverio Cavazos Ceballos planeó un operativo policiaco para inhibir el voto en vez de garantizar la tranquilidad; por lo cual el PAN desplegará mil 825 representantes de casilla, y si hay violaciones graves (al estilo del PRI), tomará la vía judicial.

El PRI también reconoce la posibilidad de que se impugne la elección de gobernador pero confía en que sus opositores no tengan elementos de prueba para promover la anulación de los comicios, a diferencia de como sucedió el 29 de octubre de 2003 por decisión del TEPJF.

Ese año se acreditó que el entonces gobernador Fernando Moreno Peña intervino indebidamente en la elección ordinaria del 6 de julio y violó el artículo 59 de la Constitución local a fin de apuntalar a su candidato, Gustavo Alberto Vázquez Montes.