n el negocio de los indocumentados los migrantes han sido los culpables y los empleadores han salido muy bien librados. La migración laboral, a diferencia de otras ,como la estudiantil, de refugiados o de reunificación familiar, es un asunto de oferta y demanda donde intervienen dos factores. La demanda es el motor fundamental de la migración laboral, es la causa; la oferta es la reacción, la respuesta. Nadie se aventura a ir al extranjero a trabajar si no tiene información sobre el mercado laboral. La razón es muy sencilla: un trabajador migrante con el perfil del mexicano, de pocos recursos económicos y baja calificación, sólo puede sobrevivir en el extranjero si encuentra trabajo. En algunos casos se puede disponer de ciertos ahorros o redes de relaciones, pero en todo caso son escasas y limitadas.

Las políticas migratorias generalmente se ocupan de la oferta, no de la demanda. En Estados Unidos se aplica una política de corte disuasivo que se realiza en la frontera, la cual ha tenido como objetivo principal incrementar los costos y los riesgos del cruce subrepticio, de este modo disuaden a los posibles migrantes. En efecto, los costos se han multiplicado por diez y los muertos y heridos en el cruce de la frontera por cinco. El razonamiento es muy claro: si quieres cruzar la frontera de manera subrepticia tienes que pagar un alto costo monetario y tienes que poner en riesgo tu salud o la vida. Pero una vez cruzada la línea, la política migratoria cambia de manera radical, al igual que el presupuesto. En el año 2000 sólo se utilizaba 3 por ciento del presupuesto de la Border Patrol para perseguir migrantes al interior.

Con el tiempo y el fracaso de la política migratoria, la actitud de los legisladores hacia el tema de la demanda y la complicidad de los empleadores han empezado a cambiar. No basta con reprimir a los indocumentados en la frontera, tampoco es suficiente poner más controles en la aduana de ingreso, porque todos quedan libres una vez que cruzaron la línea divisoria. La toma de conciencia de esta realidad tuvo que pasar por la amarga experiencia del 11 de septiembre, cuando se constató, de manera dramática, que no había ningún tipo de control una vez que los extranjeros ingresan al territorio; tampoco se controla la salida, sólo el ingreso.

La práctica tradicional de culpar al trabador migrante y no al empleador que lo contrata viene de muy atrás. En efecto, en 1951 el Congreso estadunidense recibió una iniciativa donde se proponía sancionar a los empleadores que contrataran indocumentados. Sin embargo, al año siguiente se legisló en sentido contrario y se promulgó la enmienda conocida como Texas Proviso, que eximía de culpa a los que los empleaban. Finalmente, después de varios intentos, en la reforma migratoria de 1986 (IRCA) se introdujo un artículo donde se estipulan sanciones a los empleadores que de manera consciente contratan indocumentados. La ley exige que les soliciten documentos comprobatorios, y esta medida provocó el crecimiento exponencial del tráfico de documentos falsos.

Hasta el día de hoy no hay un sistema eficiente, rápido y confiable para comprobar la autenticidad de los documentos, en especial del número de seguridad social, que es clave en cualquier contratación laboral. Como se dijo, la ley señala que se comete un delito cuando el empleador conscientemente contrata a una persona que no tiene autorización, lo cual es muy difícil de comprobar. Pero también se aplica el mismo criterio para el trabajador, que puede ser penalizado con cinco años de cárcel si, conscientemente, presenta documentos falsos o asume otra identidad. Lo cual, evidentemente, es muy fácil de comprobar. El doble rasero legal sigue presente. Pero en la práctica es imposible meter a la cárcel, por cinco años, a 8 millones de trabajadores.

Pero después del 11 de septiembre las cosas han tomado otro cariz. Durante el gobierno de Bush las redadas al interior se hicieron cada vez más frecuentes y selectivas. Mientras en 1996 fueron deportados 51 mil migrantes, en 2008 el número llegó a 349 mil. Con el arribo de Obama a la presidencia, las redadas han disminuido de manera considerable y los funcionarios de la nueva migra (ICE, por sus siglas en inglés) han visto limitadas sus prerrogativas y su discrecionalidad.

Como quiera, el mundo se encamina hacia ordenamientos legales donde los empleadores pueden y deben ser sancionados, no solamente los trabajadores. En Europa se acaba de legislar al respecto. Si se aplica la ley y resulta imposible trabajar como indocumentado, en Europa o en Estados Unidos, necesariamente tendrán que abrir las puertas de la legalidad a los trabajadores que se requieran. Ninguna reforma migratoria puede tener éxito si no se controla la demanda, a los que emplean trabajadores migrantes.