Los acontecimientos ocurridos esta semana, en el contexto de los operativos del gobierno contra la delincuencia organizada, sólo muestran la crisis de seguridad y justicia que desde hace tiempo está instalada en el país, por lo que es momento de que el Ejecutivo federal recapacite y replantee una estrategia a todas luces fallida, señaló Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos.

En tanto, organismos nacionales y estadunidenses solicitaron al Congreso de Estados Unidos que retenga los fondos de la Iniciativa Mérida que aún no entrega, ya que México ha fallado en la defensa de los derechos humanos. Durante la administración de Felipe Calderón las quejas por abusos del Ejército ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pasaron de 182 en 2006 a mil 230 en 2008.

“En un estado de derecho de ninguna manera puede aceptarse el llamado (a un diálogo entre el gobierno y la delincuencia organizada) del presunto líder de la organización criminal La Familia, pero la violencia que hemos vivido en las dos semanas recientes obliga a una revisión de la estrategia de seguridad”, aseguró Cortez.

Agregó que dos años después que comenzaron los operativos contra el crimen organizado, no tenemos un solo elemento que indique que han sido exitosos; por eso deben revisarse, sobre todo para evitar la creciente violencia y el costo social para la población, que es muy alto; los derechos humanos están siendo seriamente menoscabados.

Planteó que el gobierno de Calderón está obligado a realizar una investigación acerca de los señalamientos de que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y mandos de la Policía Federal, tienen nexos con el narcotráfico. “El poder de penetración y corrupción de la delincuencia es muy alto, no se puede descartar a priori esa posibilidad”.

Por su parte, los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, De la Montaña Tlachinollán, Latin America Working Group Education Fund, Washington Office on Latin America y otros, señalaron que el gobierno mexicano ha fracasado en el cumplimiento de los requisitos básicos sobre garantías individuales de la Iniciativa Mérida, incluida su obligación de investigar y sancionar enérgicamente a los responsables de violaciones, por lo que demandaron a los congresistas estadunidenses no liberar parte del financiamiento a México para la lucha contra el crimen.

“La asistencia estadunidense llega en un momento en que la violencia relacionada con las drogas continúa en ascenso. En lo que va del año se han reportado unas 3 mil 500 ejecuciones relacionadas con el narcotráfico. También existe un incremento en las denuncias de violaciones a garantías fundamentales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por militares; esto proviene directamente de la insistencia de Calderón en los operativos militares, que han fracasado, para lograr beneficios sostenibles o claros en la seguridad pública”, señalaron en una misiva que enviarán a los congresistas de aquel país.

Agregaron que casos recientes de abusos incluyen desapariciones forzadas en varios puntos del país; tortura de decenas de policías municipales detenidos en un cuartel militar en Tijuana, Baja California; soldados que arbitrariamente abrieron fuego contra un autobús lleno de civiles, de los cuales murió uno, en Huamuxtitlan, Guerrero, y militares que invadieron varias comunidades rurales en Guerrero, y torturaron y amenazaron a los residentes, incluidos niños y mujeres embarazadas.