La fiscal Marisela Morales Ibáñez, titular de la subprocuraduría encargada de combatir a la delincuencia organizada, de la Procuraduría General de la República, se salvó de pasar 36 horas recluida en el Centro de Sanciones Administrativas del Distrito Federal, conocido como El Torito, ya que tres magistrados federales revocaron por unanimidad la orden de arresto emitida por un juez de distrito de procesos penales que pretendió reprender a la funcionaria por incumplir un mandato judicial, informaron fuentes del Poder Judicial Federal.

En el último recurso de defensa que le quedaba a Morales Ibáñez, el quinto tribunal colegiado penal revocó una negativa de primera instancia y le concedió un amparo.

De acuerdo con las fuentes consultadas, que tienen acceso al expediente del caso, el tribunal colegiado destacó en su resolución que si bien no carecía de sustento la orden de arresto contra la fiscal, se concedía el amparo para evitar que se pusiera en riesgo la seguridad personal de la mujer, quien, dijeron los magistrados, si cumplía el arresto corría el riesgo de ser víctima de un atentado en El Torito.

El tribunal avaló la causa que motivó el arresto de parte del juzgado 18 de distrito de procesos penales federales, acerca de que en su momento la fiscal no presentó, en tiempo y forma, a un testigo protegido que debía ser careado con un individuo acusado de pertenecer al cártel del Golfo. La funcionaria no lo presentó al juzgado porque los escoltas asignados por la PGR para garantizar la seguridad del declarante perdieron al testigo que debían proteger.