A ocho años del cierre de la planta que tenía Goodyear Oxo en Tultitlán, los trabajadores sostienen una batalla para que el dirigente del sindicato, Gonzalo Ugalde Gámez, entregue más de 60 millones de pesos de los bienes inmuebles que presuntamente vendió a particulares.

En febrero de este año la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) le ratificó la toma de nota a Ugalde Gámez para que realice la venta total de los inmuebles propiedad del sindicato y concluya con la liquidación de la organización, aunque de acuerdo con documentos presentados por los trabajadores, el dirigente sindical ya realizó la operación de venta de los bienes a los particulares Héctor Tello Rodríguez y Abraham Avayan Azicri.

Marco Antonio Díaz Suárez, uno de los mil 358 trabajadores que en abril de 2001 fueron despedidos, explicó que el sindicato era propietario de tres ranchos con una superficie total de 380 hectáreas, localizados en Tequisquiapan, Querétaro, y de dos inmuebles en Cuautitlán. Al concluir la relación laboral con la empresa, los trabajadores sólo recibieron el fondo de previsión social y las propiedades quedaron bajo la administración de Ugalde Gámez.

En mayo de 2006, sin el conocimiento de los trabajadores, el dirigente sindical –que tras el cierre de la empresa obtuvo en dos ocasiones la toma de nota de la STPS– realizó un acuerdo de venta con Tello Rodríguez, a quien entregaría los tres ranchos, pero en caso de incumplimiento éste debería pagar una penalidad a partir de mayo de 2007; el acuerdo entre ambas partes fue depositado en la notaría número 52, localizada en el municipio de Zumpango, a cargo de David Mayén.

Sin precisar a los trabajadores si la operación había continuado, Ugalde sólo entregó 16 de los 20 millones que obtuvo por la venta del rancho Las Adelitas; en mayo de este año, Ugalde Gámez volvió a firmar un acuerdo de venta de dos ranchos –El Ciervo y Fidel Velásquez– con Abraham Avayan Azicri, documentos que nuevamente depositó en la notaría 52. Hasta la fecha no ha presentado información detallada de las ventas de los inmuebles, cuyo valor comercial es cercano a los 100 millones de pesos.

Ante dicha irregularidad, los trabajadores interpusieron el pasado primero de julio, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, una acta procesal para obligar a Ugalde Gámez a que convoque a una asamblea para decidir sobre su situación en el cargo; hasta el 9 de julio la autoridad asignó el folio 6616 y será a finales de este mes que informe del resultado.

Paralelamente, los trabajadores preparan una denuncia penal en contra de Ugalde Gámez por abuso de confianza, robo y administración fraudulenta, pues el líder sindical también obtuvo en 2003 una concesión para explotar la mina de ópalo ubicada en uno de los ranchos del sindicato.