Viernes 17 de julio de 2009, p. 14
Por la reducción de aranceles a las importaciones de llantas provenientes de países asiáticos y de Europa del este están en riesgo 6 mil empleos directos, ante la imposibilidad de la industria mexicana de competir con los precios de dicha mercancía, dijo Jair Rivera, integrante de la Coalición Hulera.
La producción nacional de llantas está en declive por la importación de ese tipo de mercancía, que además es subfacturada, a lo que se agrega el incremento del contrabando. Al país ingresan ilegalmente de Estados Unidos miles de llantas usadas, sin que la autoridad actúe. Es el gobierno el que está llevando al quebranto a la industria nacional
, dijo.
Agregó que la propuesta del Ejecutivo de entregar 15 mil pesos a cada propietario de un automóvil con más de 10 años de antigüedad que lo entregue para ser destruido y adquiera otro es una medida insuficiente para evitar la pérdida de empleos en ese sector; esta crisis requiere de otro tipo de medidas, sostuvo.
El número de plazas en ese sector de la industria ha disminuido en 50 por ciento desde el año 2000 y la producción 40 por ciento, estimó. Agregó que los trabajadores siguen perdiendo sus empleos, y ante ello el gobierno lo que hace es reducir aranceles a las importaciones de llantas y pretende desparecer
ese cobro.
Adicionalmente, la reducción de la jornada laboral para evitar el cierre de las industrias redujo entre 20 y 25 por ciento el ingreso salarial de los trabajadores del ramo, quienes temen perder sus empleos por la crisis de la industria y las respuestas débiles del gobierno.
Por la situación, los trabajadores de la industria hulera del país iniciaron acercamientos con sindicatos similares de Estados Unidos para defender conjuntamente sus respectivas fuentes de empleo y demandar a los gobiernos de Estados Unidos y México acciones más contundentes para evitar mayores recortes; en el caso de México emprenderán un acercamiento con el Legislativo para que vuelva a imponer aranceles a las importaciones de llantas y exija a la autoridad que actúe para terminar con el contrabando y la subfacturación.