n mis artículos anteriores he tratado de definir un nuevo modelo de país, más acorde a las necesidades actuales, basado en la sustitución del esquema anquilosado y centralista de gobierno por otro de plena autonomía económica y fiscal de sus estados, que funcionarían como una federación, tal como aparece en el nombre oficial vigente del país, con un congreso federal, responsable de dictar las normas de cooperación económica y política entre ellos y para asegurar su cumplimiento.

En esos artículos he descrito las enormes ventajas que tendríamos con un modelo de esta naturaleza, recibiendo múltiples comentarios, de apoyo unos, de crítica y escepticismo, otros. No podría ser de otro modo (de hecho esa ha sido mi motivación para escribirlos). Agradeciendo su tiempo, dedico este artículo a responder algunos de los cuestionamientos más fuertes.

Conviene decir que yo no estoy planteando la destrucción del país, sino exclusivamente la sustitución de un esquema de gobierno que es totalmente inoperante, por otro más moderno, que elimine las ineficiencias y restricciones impuestas a los estados de la República para crecer y desarrollarse. Acepto desde luego la existencia de riesgos ante la realización de un cambio como el que propongo, dada la voracidad real propia del sistema capitalista y la existencia, también real, de verdaderos buitres entre los gobiernos de otros países, así como entre los organismos financieros internacionales, los ejecutivos de las grandes empresas trasnacionales, y los representantes de otros intereses igualmente siniestros.

Sin embargo, para todos estos intereses nuestro país es y ha sido desde siempre un botín maravilloso, al cual le han arrancado todo lo que han querido, trátese de territorio, de recursos naturales, de concesiones para administrar el dinero, de vías de comunicación y transporte, del control de nuestros productos agrícolas y materias primas, del manejo y explotación de nuestros propios mercados internos, por no hablar de nuestra soberanía, dejándonos sólo la ilusión de que seguimos viviendo en un país que todavía es nuestro.

Por otra parte, la división que planteo es una que ya existe, la de los estados, la cual ha existido siempre y que hasta ahora de poco ha servido, porque ha sido manejada a modo, algunas veces para imponer gobernantes o proyectos y otras para evadir responsabilidades.

Hace un siglo, los sueños imperiales de algunas naciones incluían la apropiación de nuevos territorios para hacer crecer el propio a partir del sólo ejercicio del poder, y sin más razón que la fuerza. Los fracasos de Hitler en Rusia, de Mussolini en África y posteriormente de Johnson en Vietnam y de Brezhnev en Afganistán, resultaron contundentes para muchos de los países hegemónicos que se vieron obligados a cambiar de estrategia. Las acciones de Estados Unidos y de sus organismos internacionales en tiempos recientes, ya no tienen esa finalidad, sino otras más eficientes y tranquilas que se reducen a la imposición de roles para los actores en el mercado, con el objetivo de acrecentar sus ganancias.

Las guerras recientes, y de carácter interno, se inscriben más en torno al petróleo y a la conquista de los mercados, especialmente el de las armas, por las enormes ganancias que su venta reporta, cuando se sabe organizarlas en países donde las diferentes partes en pugna se convierten en consumidores estables. ¿No han sido estos los casos de Yugoslavia?, ¿de los países africanos?, ¿de Afganistán e incluso de Irak? ¿Y no será éste el caso de la guerra que hoy tenemos aquí mismo en torno al narcotráfico?

Podría decirse que el establecimiento de la autonomía económica de los estados de la República podría conformar un escenario de diferencias y conflictos de intereses que propiciaran la violencia entre los estados, pero esto sería relativamente sencillo de prever y resolver con una estructura jurídica adecuada, tomando en cuenta las experiencias reales de lo que se puede lograr mediante convenios y alianzas comerciales entre pares.

Para otros intereses, más de carácter empresarial o interno, que hoy operan en diferentes estados de la República, bastaría con asegurar la continuidad de sus operaciones para que su posición quede alineada a la nueva estructura económica de la nación. Para algunas empresas que hoy operan a nivel nacional, el nuevo esquema de organización les obligaría a repensar sus propias estrategias de cobertura, para concentrarse en los estados donde consideren que pueden mejorar sus oportunidades de crecimiento y utilidades, por lo que es previsible que pronto se transformarían de detractores en aliados del proyecto.

En los siguientes artículos me propongo ofrecer un primer acercamiento a la propuesta de las estructuras de gobierno para el nuevo país, así como para manejar el proceso de transición de la situación actual al nuevo esquema de organización, para concluir describiendo las enormes ventajas sociales y económicas que el proyecto podría lograr para el futuro de México.