Buenos Aires, 21 de julio. Representantes de organismos de Derechos Humanos y Sociales, políticos, y legisladores, convocaron a firmar un pliego petitorio para que se deje sin efecto el nombramiento del comisario Jorge Fino Palacios como jefe de la policía metropolitana creada por el intendente de esta capital, Mauricio Macri, dirigente de la derechista Propuesta Republicana (PRO).

Los organismos mantienen severas acusaciones contra el policía, quien además fue citado por desviar y encubrir pruebas sobre el atentado contra la mutual judía AMIA, en 1994, que dejó 85 muertos y centenares de heridos.

Palacios también está involucrado en la represión y masacre del 19 y el 20 de diciembre de 2001 durante las protestas que llevaron a la renuncia del ex presidente Fernando de la Rúa, y en las acciones de una banda de delincuentes -con vínculos policiales- que secuestró y asesinó en 2004 a Axel Blumberg, lo que dio lugar a manifestaciones por ese caso.

En una conferencia de prensa participaron Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, familiares, hijos de desaparecidos, entidades como memoria Activa, así como representantes de partidos políticos tanto oficialistas como de oposición y de izquierda que hicieron causa común ante la decisión de Macri.

Desde los primeros anuncios del intendente de Buenos Aires, que también llamó a otros personajes ligados a la pasada dictadura para integrar la policía de la ciudad, diversos sectores exigieron cambios a Macri, al considerar que esto es una afrenta para los familias de las víctimas de la dictadura y de otros graves sucesos, que luchan contra la impunidad.

Macri y parte de su gabinete integran la fundación Pensar que está ligada a la llamada Fundación para la Democracia (NED en sus siglas en inglés y ligada a la CIA) y otras de la extrema derecha en el mundo en las que busca asesoría para su política de seguridad, denuncian otros organismos.

El nombramiento de Palacios sólo puede significar autoritarismo, represión e impunidad; vamos a hacer todo lo posible para que esto no ocurra, dijo Diana Wassner, dirigente de Memoria Activa, (familiares de Amia) quien impulsó la iniciativa para recolectar cien mil firmas.

El petitorio firmado mediante la instalación de mesas en varios lugares de Buenos Aires será presentado ante la legislatura porteña para exigir la anulación del nombramiento de Palacios.

Por su parte la auditora general de la ciudad, Paula Oliveto Lago, declaró que Palacios no tiene capacidad moral para conducir la policía metropolitana y que la designación de una persona sospechada de participar en los hechos más aberrantes de la democracia es inadmisible.

No es el único problema de Macri, quien asistió a la mesa de diálogo con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En los últimos días tuvo que echar atrás -aunque temporalmente- un decreto que solicitaba a los dueños de empresas privadas mandar, no sólo la lista de sus empleados, sino datos personales lo que viola las leyes de privacidad y la Constitución.

Esto provocó protestas de legisladores y políticos, quienes advirtieron que esa medida aparecía como una acción de espionaje inadmisible para la población.

Otra denuncia que llegará a la justicia es la autorización del jefe de gobierno a su amigo Cristiano Ratazzi, poderoso empresario de la automotriz Fiat y entre otras de la empresa Servicios Helicenter, a operar un helipuerto cercano a uno de los mayores espacios verdes de la capital, que es una reserva ecológica, donde se prohiben ruidos para preservar a 50 especies de aves, y otras de reptiles, y de anfibios que habitan el humedal.

Este lugar está protegido por el decreto nacional que prohibe la utilización de aeronaves a menos de tres mil pies, con la excepción de fines científicos, de manejo, control y vigilancia.

En 2007 un juez prohibió la instalación del Helipuerto pero el 8 de julio pasado Macri autorizó su funcionamiento. Vecinos y sectores ambientalistas, advirtieron sobre los daños que ocasiona el helipuerto.

La protesta está avalada por una resolución de la Defensoría del Pueblo firmada el 8 de enero pasado que recomendó calificar el espacio aéreo de la reserva como zona restringida para el vuelo de aeronaves.

Sin embargo la Agencia de Protección Ambiental (APRA), no tomó en cuenta esas opiniones y le extendió un certificado de aptitud ambiental a la iniciativa comercial de Rattazzi.

El helipuerto está pensado para millonarios y nos deja sin derechos a miles de vecinos y no sabemos lo que pueda ocurrir con la reserva ecológica y otros daños ambientales.

Las protestas y denuncias contra el jefe de gobierno no sólo de vecinos, sino de maestros, empleados municipales como los del teatro Colón, o por la cantidad de programas de protección social que anuló son cotidianas.

Sin embargo los medios del gran poder económico no dicen nada sobre esto. Ese ocultamiento es también una violación a nuestros derechos a la verdad, sostienen los vecinos.