l secretario de Gobernación en su comparecencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 7 de julio pasado, con motivo del juicio en contra el gobierno de México por la desaparición forzada de Rosendo Padilla en 1974, negó la competencia de la CIDH con argucias jurídicas legalistas, hizo una defensa política del Estado mexicano desconociendo la existencia de la guerra sucia, pero sobre todo exculpó la actuación pasada y presente del Ejército Mexicano, y abogó por el fuero castrense –aun en los casos en que están implicados civiles–, además de encomiar la cuestionada justicia militar. Más que representar a las autoridades civiles del país, Fernando Gómez Mont actuó en los hechos como defensor de oficio de las fuerzas armadas.

Su apologética del Estado mexicano, basada en el supuesto de que sería incorrecto que la CIDH juzgue a México por hechos que sucedieron años atrás, ya que el México de hoy es distinto al de ayer, no pudo ser más endeble y contradictoria con la realidad que vive el país, caracterizada por las múltiples acusaciones y denuncias de desapariciones forzadas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, abusos de autoridad y torturas perpetrados principalmente por miembros del Ejército.

Así como el caso de Rosendo Padilla es un paradigma de un crimen de lesa humanidad en el contexto de la guerra sucia de los años 70 del siglo pasado, la ex Comisión de Mediación (Comed) entre el Ejército Revolucionario del Pueblo (EPR) y el gobierno federal considera que la desaparición forzada de los dos militantes de esa organización es también representativo de una práctica actual y cotidiana del Estado mexicano contra integrantes de la guerrilla, movimientos sociales, organizaciones gremiales o ciudadanos sin ninguna filiación política.

Las evaluaciones positivas de Gómez Mont ante la CIDH sobre la justicia militar y el controvertido fuero de guerra son refutadas por Human Rights Watch, que presentó, a finales de abril de este año, un informe con el indicativo título de Impunidad uniformada. Aquí se documentan casos específicos que confirman graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas durante operativos de lucha contra la insurgencia y el narcotráfico en varios estados de la República en 2007 y 2008. Dado que ocurrieron durante la guerra sucia, el organismo internacional destaca que muchas de las víctimas en los casos documentados en este informe no te-nían ningún vínculo con el tráfico de drogas ni con los grupos insurgentes.

El informe sostiene, asimismo, que una de las principales causas por las cuales estos abusos continúan ocurriendo es que los responsables no son sancionados. Y esta falta de sanciones se debe, en gran parte, a que la mayoría de estos casos terminan siendo investigados y juzgados por los propios militares. A la fecha, no existe en el país un solo responsable de los cientos de casos de violaciones a los derechos humanos que cumpla condena por estos crímenes, por lo que evidentemente, algo está fallando en la forma en que México trata las denuncias de graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares, señala.

Ya el general José Francisco Gallardo en su tesis de doctorado hace notar que en nuestra nación el secretario de la Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales, de tal forma que todo el sistema de justicia militar depende de la jerarquía de mando por la que el general secretario en turno ejerce un control sobre jueces, magistrados, consejos de guerra, abogados de oficio, etcétera.

Impunidad uniformada sostiene al respecto que los jueces militares no gozan de la garantía de permanencia en el cargo, y podrían razonablemente temer que el secretario de la Defensa los aparte del mismo u obstaculice su carrera profesional si emiten decisiones que el secretario no comparte.

Human Rights Watch concluye que el sistema de justicia militar de México no cumple con los estándares internacionales debido a la parcializada jurisdicción militar sobre las violaciones a los derechos humanos de la población civil en las que soldados están implicados; la poca transparencia en el ejercicio y los procedimientos de la justicia castrense, en la que es imposible el escrutinio y el conocimiento público; los conflictos de intereses al juzgarse los militares a sí mismos, y la ya referida ausencia de autonomía y obediencia jerárquica de los tribunales al secretario de Defensa.

La comparecencia del titular de Gobernación ante la CIDH fue determinante en la evaluación política que realizamos los ex integrantes de la Comed en cuanto a que los motivos y las condiciones que llevaron a su disolución no sólo subsisten, sino que se han agravado ante la manifiesta carencia de voluntad política del gobierno mexicano para aceptar su responsabilidad, particularmente de sus fuerzas armadas, en la comisión de crímenes de lesa humanidad en el pasado, durante la guerra sucia de los 70, y en el presente, ya que continúa la práctica de las desapariciones forzadas por parte del Ejército y otros cuerpos policiacos.

En nuestro comunicado del 13 de julio pasado, entre otras acciones exhortamos a la Suprema Corte de Justicia, ahora que está por resolver los alcances del fuero de guerra, lo limite estrictamente a lo preceptuado en el artículo 13 de la Constitución, pues el Código Militar lo ha ampliado anticonstitucionalmente para facultar a los tribunales militares a conocer de violaciones de derechos de civiles, lo cual significa impunidad. Lo que menos necesita el país son justificadores de la violencia del Estado y de las violaciones a los derechos humanos de su fuerza armada.