La protección del patrimonio cultural, amenazado actualmente por fuertes intereses económicos, requiere de la participación activa de la sociedad civil, sin que ello implique liberar al Estado de sus obligaciones en la materia.

Esta fue, en resumen, la conclusión de la arquitecta Olga Orive Bellinger, presidenta electa del Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos, por sus siglas en inglés), durante su intervención en el Congreso Internacional de Americanistas –organizado por la Universidad Iberoamericana (Uia)– que ayer terminó.

Orive Bellinger puso como ejemplos exitosos de la intervención ciudadana en el rescate y preservación patrimonial a la Fundación Amigos de Cuautinchán (Puebla), la Asociación Cultural Na-Bolom (en San Cristobal de las Casas, Chiapas), el Patronato San Ángel (en el Distrito Federal) y el remozamiento de la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la ciudad de México.

Es necesario –dijo la especialista– analizar y sistematizar las experiencias prácticas que ya se tienen al respecto; no es sólo preocupación de las instituciones, la sociedad debe participar.

Luego de repasar las distintas concepciones teóricas y definiciones de patrimonio y cultura, así como de señalar las convenciones y cartas internacionales que regulan la protección del patrimonio en todo el mundo, informó que hasta la fecha la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) tiene inscritos 890 sitios catalogados.

La presidenta de Icomos, quien asumirá formalmente el cargo en los próximos días, insistió en la importancia de la participación social para proteger el patrimonio. En ese sentido, se refirió al caso paradigmático de La Habana Vieja, en Cuba, donde fue decisiva la participación de los habitantes del barrio.

No obstante, se le hizo notar que, en ese caso, el involucramiento de la comunidad respondió a una política de Estado, mientras en el caso mexicano, en los años recientes las autoridades han sido omisas en materia de protección al patrimonio.

Al final de su conferencia, Olga Orive Bellinger recibió varias observaciones en ese sentido de otros especialistas y estudiosos presentes en el auditorio José Sánchez Villaseñor, del campus Santa Fe de la Uia, donde tuvo lugar el acto.

Precisó entonces que su posición frente al tema no implica exonerar al Estado de sus responsabilidades en materia de protección al Patrimonio Cultural. De hecho –dijo– para lograr la participación ciudadana en dichas cuestiones, es necesario que se promueva el conocimiento del patrimonio desde los niveles básicos de educación.

Sin embargo, sus interlocutores se mostraron escépticos al respecto, sobre todo al recordar que la materia de Historia no es obligatoria en los niveles básico y medio de educación pública.