El recorte de partidas federales a gobiernos estatales y municipales ha desatado una creciente crisis de insolvencia en estos niveles de gobierno, que se han visto orillados a dejar de pagar a empleados y proveedores, suspender o cancelar obras de infraestructura, solicitar e incluso suspender programas de gasto social.

El gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, solicitó ayer al Congreso estatal autorización para colocar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bonos hasta por 6 mil 800 millones de pesos, respaldados parcialmente en las participaciones federales comprometidas, a fin de obtener recursos inmediatos que compensen los recortes aplicados por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa a la entidad y a los municipios. Herrera explicó que la bursatilización podría hacerse a un plazo de seis años, que podría ampliarse a 15.

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) rechazó la propuesta y señaló que el mandatario pretende heredar una deuda más a siete millones de veracruzanos. Recordó que ya hay un pasivo generado por la bursatilización del impuesto sobre la tenencia vehicular, a 28 años, autorizada en 2008.

De su lado, la Secretaría de Finanzas de Michoacán previó ayer que en 2009 dejará de recibir 3 mil 800 millones de pesos, de un presupuesto total de 37 mil 400 millones. Más de 98 por ciento de los recursos que recibe la administración pública del estado provienen de la Federación.

El gobierno de Morelos pedirá al Congreso estatal que libere recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo, a fin de enfrentar la contingencia financiera en los 33 ayuntamientos y en la administración estatal, que dejarán de recibir 560 millones de pesos de partidas federales, informó ayer el secretario de Gobierno, Jorge Morales.

Los ayuntamientos de Morelos resienten la falta de liquidez desde julio: burócratas de los municipios de Tepalcingo, Axochiapan, Puente de Ixtla, Tlaquiltenango, Coatlán del Río y al menos 10 demarcaciones más mantienen protestas para exigir el pago de más de dos quincenas atrasadas.

Apenas el 29 de julio, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Juan Antonio Meade, advirtió a los 125 alcaldes electos del estado de México, durante una reunión en Ixtapan de la Sal, que les esperan años difíciles, pues las participaciones federales a los más de dos mil 400 ayuntamientos del país se reducirán en cuando menos 90 mil millones de pesos.

Días antes, el municipio de Romita, Guanajuato, suspendió servicios durante 24 horas y se declaró en quiebra. El Congreso estatal no descarta irregularidades administrativas.

Las quejas por los recortes al presupuesto van desde Baja California Sur hasta Quintana Roo. El gobernador de la primera entidad, Narciso Agúndez, dijo esta semana que la Federación reducirá a su administración 267 millones de pesos, aunque la cifra podría llegar a 500 millones. El mandatario quintanarroense, Félix González, negó que la entidad esté en bancarrota, pero reconoció que los recursos que le envía el gobierno federal han disminuido 40 por ciento.

El gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, aseguró que muchos municipios de la entidad dependen hasta en 90 por ciento de recursos federales.

Un reflejo de esta situación se observó el 20 de julio, cuando más de dos mil burócratas suspendieron actividades durante dos semanas en el palacio de gobierno, el Congreso estatal y el ayuntamiento de Chilpancingo. Torreblanca anunció que suspendería pagos extraordinarios a la burocracia y se recortarían gastos en telefonía celular, gasolina y diversos servicios.

El secretario de Desarrollo Social del estado, Heriberto García, descartó que el recorte aplicado por el gobierno federal, de 2 mil millones de pesos, afecte programas para paliar la pobreza y becas para estudiantes.

Burócratas de Aguascalientes aseguraron el 6 de agosto que dependencias de la entidad recortarán a 10 por ciento de su personal, lo que representará despedir en una primera etapa a unos 800 empleados. Sostuvieron que por la falta de dinero hay oficinas gubernamentales donde los trabajadores deben comprar su propio papel higiénico.

Por su parte, el gobierno panista de San Luis Potosí anunció que contratará un préstamo de mil 500 millones de pesos para terminar obras estratégicas antes de mes y medio, cuando entregará la administración al priísta Fernando Toranzo.

El diputado local panista de Jalisco Jorge Salinas afirmó el martes pasado que los Juegos Panamericanos, la presa Arcediano y el Macrobús de Guadalajara están en riesgo, por el recorte de 5 mil millones de pesos a las participaciones de la Federación a la entidad.

El secretario general de Gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán, consideró que la situación económica es crítica en 25 de los 126 municipios. En tanto, el tesorero de Guadalajara, Armando González, informó que el ayuntamiento de la capital tapatía redujo su gasto en seguridad pública, por prever una merma de 80 millones de pesos en sus finanzas.

En Hidalgo las participaciones federales han disminuido este año en 800 millones de pesos, y se espera que en 2010 se recorten 2 mil 100 millones, dijo el gobernador Miguel Ángel Osorio la semana pasada. Acotó que 95 por ciento del presupuesto estatal procede de recursos de la Federación.

Andrés T. Morales, Rubicela Morelos, Ernesto Martínez y Sergio Ocampo