Campeche, Camp., 13 de agosto. Un grupo de choque integrado por al menos 100 personas desalojó esta mañana la comunidad San Antonio Ebulá, erigida en terrenos que presuntamente pertenecen al empresario constructor Eduardo Escalante Escalante, padre de María de los Ángeles Escalante Castillo, viuda del finado secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo.

La expulsión dejó como saldo al menos seis lesionados a golpes, entre ellos un niño, y dos heridos de bala, así como dos detenidos y 50 chozas destruidas e incendiadas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Campeche acudieron a evitar desmanes, y aunque no participaron en el desalojo, resguardaron el área que reclama el empresario; sin embargo, los colonos, adherentes a la otra campaña, aseguran que se trata de terrenos nacionales.

La operación se inició alrededor de las cinco de la madrugada, cuando los golpeadores, vestidos de playeras amarillas y naranjas y con el rostro cubierto, obligaron a los habitantes a abandonar las viviendas de madera y cartón, las cuales derribaron con dos tractores.

Los colonos respondieron con piedras y bombas molotov, lo que originó un zafarrancho que dejó cuatro heridos, dos del grupo de choque, quienes recibieron disparos de arma de fuego, según la SSP.

Los golpeadores, al parecer empleados de una empresa de seguridad privada, aunque no portaban uniformes ni credenciales, entraron a San Antonio Ebulá a bordo de camionetas de la constructora Escalante. Junto con ellos iban los dos tractores.

Hubo un primer enfrentamiento a la entrada del poblado, donde los comuneros levantaron una barricada e incendiaron unas llantas para posteriormente replegarse al monte al verse superados en número.

Los tractores cruzaron la barricada y dos pobladores fueron golpeados con piedras en la cabeza, por lo que respondieron con bombas molotov. El grupo de choque empezó a destruir las chozas y derribó decenas de árboles.

El director de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Manuel Salgado Serrano, informó que recibió un reporte del Centro de Comunicación y Comando de la SSP de que había disparos de armas de fuego y un enfrentamiento en San Antonio Ebulá, por lo que se trasladó al lugar junto con 50 antimotines, pero no participaron en el desalojo, sino que sólo evitaron que hubiera más enfrentamientos.

Reportó que dos elementos de seguridad privada resultaron lesionados con armas de fuego y fueron trasladados al hospital general de la capital de Campeche.

Alrededor de las ocho de la mañana las casas habían quedado destruidas o reducidas a cenizas; en el centro del poblado quedaron estacionados los tractores, resguardados por los elementos de seguridad privada y acordonados por la PEP.

Fueron detenidos Ranulfo Ramírez Naal y su hijo Francisco Ranulfo, quienes denunciaron que fueron atacados en sus casas y aprehendidos por la policía.

Armados con machetes, palos y piedras, los agentes de seguridad privada sitiaron los terrenos y colocaron barricadas para impedir el regreso de los invasores.

El abogado de los colonos, Jorge Cocom, aseguró que no había razones legales para el desalojo, pues han ganado varios amparos al empresario Eduardo Escalante –padre de la diputada local electa Ana Martha Escalante Castillo, del Partido Revolucionario Institucional–, quien no ha podido acreditar con documentos que es el legítimo propietario de los terrenos, por lo que fue un exceso que los juzgados le otorgaran la orden de desalojo.

Agregó que ninguno de los sujetos reclutados para la agresión mostró documento alguno que avalara la expulsión. Lo peor es que el delito fue atestiguado por un numeroso grupo de policías, que no hicieron nada para detener a los porros, comentó.

Gonzalo Huicab, Felipa Pech, Román García y Gerardo Cab, personas de la tercera edad, narraron que los invasores ni siquiera les avisaron que iban a desalojarlos, y a destruir sus viviendas. Salimos a refugiarnos en el monte cuando escuchamos el escándalo y los disparos de ellos. Dejamos en nuestras casas todas nuestras cosas y nuestro dinero. Ya no tenemos nada, afirmó uno.

También negaron que los colonos tuvieran armas de fuego o que hubieran hecho disparos. Es una estrategia del empresario Escalante para detener a más personas, sostuvo el abogado Jorge Cocom.