El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será el que decida sobre la constitucionalidad de que el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) venda a empresas trasnacionales los créditos vencidos para que sigan cobrando los adeudos a los trabajadores, además de tener legitimación jurídica para empezar juicios de desahucio.

Trascendió que dada la importancia del asunto, la mayoría de los ministros resolverá este miércoles que sea el pleno el que dictamine sobre las contradicciones de tesis entre tribunales colegiados, y que sólo el ministro Genaro Góngora Pimentel se pronuncia abiertamente en el sentido de que es anticonstitucional que el Infonavit entregue su cartera vencida a empresas privadas. De acuerdo con Laura Itzel Castillo, diputada federal electa por el PT, en este litigio está en juego la cesión de alrededor de 56 mil créditos vencidos que en 2006 el Infonavit vendió de manera irregular a dos trasnacionales, a un precio promedio de 25 mil pesos cada uno.