Tegucigalpa, 2 de octubre. La resistencia esperaba una buena noticia, venida de sus contactos con el ejército. ¿Y? “Esos chafas (militares) ahora dicen que los sectores (los empresarios, en este caso) tienen miedo del regreso de José Manuel Zelaya a la presidencia, que temen que convoque a la Constituyente una vez reinstalado”.

Unos minutos después, sin gases lacrimógenos de por medio, la pequeña marcha del Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado es disuelta, otra vez, por la policía. Todo lo contrario sucede en una manifestación organizada por la Unión Cívica Democrática, que convoca a sus seguidores frente a la oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para apoyar al gobierno golpista.

Tegucigalpa es un ir y venir de declaraciones en firme, versiones, rumores y dedos flamígeros sobre el diálogo que ya viene, de la mano de una comunidad internacional que, muy quitada de la pena, los respalda y promueve con todo y estado de sitio (aunque la suspensión de garantías, dicho sea de paso, se aplica sobre todo contra los zelayistas).

Claro, como el gobierno de facto no ha abandonado la palabra diálogo casi desde que se instaló en el poder, la fuente creíble es John Biehl, el enviado del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza.

En su doble juego, el presidente interino Roberto Micheletti echó hace unos días a los representantes de la OEA que ahora recibe para que digan, en la voz de Biehl, que “va a haber un llamado al diálogo… lo haría el gobierno en ejercicio, y la otra parte lo aceptaría. Eso está acordado”.

Por la noche, Micheletti revela dónde y con quién se tomó ese acuerdo: acepta que se reunió con Insulza, el pasado martes, en Palmerola, la base militar que Estados Unidos tiene en territorio hondureño, 70 kilómetros al norte de la capital hondureña.

¿Qué pasaría una vez instalada la mesa? Bueno, primero, que los chafas pueden ir quitando las objeciones que atribuyen a los sectores, toda vez que el presidente José Manuel Zelaya, desde su refugio en la embajada de Brasil, ha hecho explícita su renuncia a la idea de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, a cargo de redactar una nueva Constitución para sustituir a la actual que, según el mediador y presidente de Costa Rica, Óscar Arias, es la peor del mundo.

Es como si a uno le tratan mal a su madre, resume la indignación nacional el magistrado de la Corte Suprema Tomás Arita, el mismo que firmó la orden de captura de Zelaya.

Merced esa declaración, el presidente Arias ha dejado de ser, en los medios de comunicación locales, un respetabilísimo árbitro de la crisis para convertirse en el supuesto mediador.

Ese ingrediente abre paso a lo que aquí llaman la vía hondureña, aunque la plataforma de despegue sigue siendo el acuerdo de San José, que en uno de sus puntos plantea la renuncia a la Asamblea Constituyente.

Así lo recuerda el líder de los liberales en resistencia, Carlos Eduardo Reina, quien a nombre de Zelaya dice a una emisora radial que el presidente le dice adiós a la Constituyente. Para no distanciarse totalmente de la resistencia al golpe de Estado, el vocero de Zelaya asegura que la iniciativa puede ser impulsada por otras fuerzas porque es una aspiración genuina del pueblo.

Mel, un símbolo, pero no es definitorio

El problema de Zelaya es que sus más aguerridos seguidores tienen la Asamblea Constituyente como principal bandera. Su ventaja, que la resistencia no está en los escarceos del diálogo. La negociación la lleva él, dice uno de los dirigentes, de pie junto a una manta que reza: Elecciones no, Constituyentes sí.

Zelaya es un símbolo, pero no es definitorio, dice Salvador Zúñiga, dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Zúñiga fue parte de la primera delegación que, en representación de Zelaya, asistió a las reuniones en San José, Costa Rica, y pertenece a un sector de la resistencia que todavía busca empujar la instalación de una junta cívica de gobierno que en un plazo de seis meses convoque a una Asamblea Constituyente para realizar las reformas profundas que requiere el país, un camino posible dada la profunda crisis que vivimos.

Es lo que Zúñiga llama el mediano plazo.

Porque en el corto, según informan los enviados de la OEA, la mesa de diálogo podría instalarse antes de la programada visita, el 7 de octubre, de una decena de cancilleres de países miembros del organismo y de Insulza.

El punto de quiebre sigue siendo la restitución de Zelaya que demanda, al menos formalmente, toda la comunidad internacional. A diferencia de los diálogos de julio pasado, esta vez al menos los candidatos a la primera magistratura y algunos empresarios han abierto la posibilidad de que la reposición de Zelaya en la presidencia ocurra. Pero Roberto Micheletti, el mandatario de facto, los empresarios y organizaciones de la sociedad civil, rechazan siquiera poner en la mesa el tema.

Los aspirantes a la presidencia, naturalmente, están pensando en los riesgos de ir a una elección cuyos resultados no serían reconocidos por la mayoría de los países del mundo.

Esa restitución (de Zelaya) es esencial para el retorno de la democracia, dice Biehl, el enviado de la OEA, quien ahora ve que entre los grupos en conflicto la parte pasional ha dejado paso a mucha más racionalidad.

La racionalidad, es de suponerse, pasa por la eliminación del estado de sitio. Micheletti promete que el próximo lunes reunirá a su consejo de ministros para tomar una decisión.

Estados Unidos, el padre; los hondureños, hijos en conflicto

“Obama, te equivocaste de país. Ya no somos una banana republic”, escribe la articulista Gloria Leticia Pineda, quien resume en esas dos frases el discurso antiyanqui de los golpistas, más motivado por la cancelación estadunidense de las visas de funcionarios y empresarios que por otra cosa. El desafío al imperio, sin embargo, dura un suspiro.

El senador estadunidense James DeMint y los representantes Aaron Schock, Peter Roskam y Doug Lamborn vienen a darle respiración de boca a boca a Micheletti y son recibidos por los golpistas con los honores destinados a un jefe de Estado.

Los legisladores se reúnen con Micheletti y con todas las fuerzas vivas del régimen de facto, incluyendo los dos candidatos presidenciales con más posibilidades de ganar los comicios programados para el 29 de noviembre.

Los candidatos, claro, cancelan actos de campaña para estar en la importante cita y ofrecen una conferencia de prensa en la Casa Presidencial.

La presidencia de la república no vale una gota de sangre, dice Porfirio Pepe Lobo, aspirante del derechista Partido Nacional, al recordar la frase que pronunciara hace cuatro años, tras ser aceptar la victoria de José Manuel Zelaya en una elección cuestionada. Lobo agrega que él y su partido aceptarán la solución que surja del diálogo, aunque precisa que ninguna decisión forzada puede ser conveniente para Honduras.

A su lado derecho, el candidato del Partido Liberal, Elvin Santos, se declara partidario del diálogo pero rechaza un acuerdo por encima de la Constitución.

El mensaje principal de los dos más importantes aspirantes es que las elecciones, que la comunidad internacional en general rechaza reconocer, son la solución y no parte del problema.

El entusiasmo dura poco. Seis congresistas estadunidenses demócratas le envían una carta al presidente del Congreso hondureño, Alfredo Saavedra, en la que, de entrada, le recuerdan que los visitantes republicanos, que son minoría en el Congreso de Estados Unidos, plantearon al gobierno de facto una posición muy distinta de la que tiene el gobierno del presidente Barack Obama.

Consideramos que el golpe de Estado contra el presidente Zelaya fue inconstitucional; que la ausencia de un mandatario legítimo, las violaciones de los derechos humanos y la restricción de las libertades civiles son inaceptables, dice la carta firmada por los legisladores James P. McGovern, Bill Delahunt, Janice Schakowsky, Sam Farr, Gregory Meeks y Xavier Becerra.

Estas condiciones imposibilitan elecciones justas y libres en noviembre, continúan los congresistas, quienes demandan a Roberto Micheletti permitir la restitución de Zelaya bajo el acuerdo de San José y avisan que “si el gobierno de facto sigue dilatando este proceso, urgiremos a nuestro gobierno a no reconocer sus elecciones próximas”.

La rabia de los desvisados puede agregar a los legisladores demócratas a los obuses que dirige contra el embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, Hugo Llorens, a quien aquí han acusado de ser aliado de Zelaya (los golpistas), de haber tramado el golpe o al menos haber estado al tanto (los zelayistas) e incluso de negligencia por no haber informado al Departamento de Estado lo que se preparaba (el comisionado nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio).

La articulista Pineda, otra vez, resume el ánimo contra Llorens, a quien acusa de haber destruido la imagen que los hondureños tenían de Estados Unidos. Esta imagen la ha perdido para siempre, pues nunca un aliado toma partido contra una de las partes, de la misma manera que un padre evita tomar lado cuando tiene a sus hijos en un conflicto.

La carta será seguramente ignorada en los medios de comunicación locales, los que en cambio destacan la amenaza de Micheletti al embajador de España, a quien advierte que no se atreva a regresar al país centroamericano porque lo volverán a echar.

Al parecer, el mandatario de facto necesita echar bronca a alguien todos los días. Ahora le toca al presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, de ser ilustrado: Honduras no es potrero.