os legisladores en el Congreso de la Unión están discutiendo la ley de ingresos como si se tratara de un dilema existencial: creen que les va la vida, por lo menos su carrera política, en el voto de un incremento de impuestos que aumentaría los recursos públicos, y parece que sus reflexiones sobre el tema se reducen a la disyuntiva: ¿dineros o votos? Hablan como si estuvieran entre la espada y la pared, pero ¿realmente lo están? Sólo si los intereses de su partido están por encima del interés público. Más de uno lo ha expresado con todas sus letras: si voto esa propuesta luego nos lo cobran los votantes. ¿Y? ¿Qué no piensan dar un buen uso a esos recursos públicos adicionales de manera que satisfagan las demandas de sus votantes en la mejora de servicios públicos, por ejemplo, y así sus votantes los mantendrán en el poder, e incluso hasta pueden conquistar nuevos simpatizantes? ¿Por qué en vez de apostar a mantenerse en el poder gracias a un buen desempeño gubernamental, apuestan a no cobrar impuestos? Ya hasta parecen neoliberales.

Sólo si los legisladores no pueden garantizar el destino de los recursos fiscales se justifica que vieran la propuesta del gobierno como un dilema en términos del futuro de su partido. En un momento culminante de su presidencia, Lyndon B. Johnson firmó la ley de los derechos civiles el 2 de julio de 1964 que puso fin a la discriminación racial que condenaba a los afroestadunidenses a ser ciudadanos de segunda, y transformó la vida de muchos de ellos. Al término de la ceremonia, Johnson masculló que en esa firma iba también la pérdida de los estados del sur de Estados Unidos para el Partido Demócrata durante por lo menos dos generaciones. No se equivocó, y los demócratas han tenido que buscarse apoyos en otras regiones; pero lo importante es que aun a sabiendas de las consecuencias de esa ley para su partido, Johnson la firmó porque estaba convencido de que con ella se cumpliría por fin el postulado constitucional de que todos los seres humanos nacen iguales. El interés público se impuso al interés partidista.

Dado que la recaudación de impuestos es una de las funciones elementales de todo Estado democrático, uno hubiera esperado que el cambio de régimen político que acarreó el fin de la hegemonía del PRI modificara esta dimensión de la autoridad estatal. De manera que en lugar de que veamos en los impuestos un botín para funcionarios y políticos, viéramos en ellos verdaderos recursos públicos destinados a modernizar las comunicaciones, mejorar las escuelas, los servicios de salud, la infraestructura urbana o el nivel de vida de los más pobres. El PRI se fue de Los Pinos, y llegó el PAN; concedamos que el PRI se fue del gobierno del Distrito Federal, y llegó el PRD; el PRI se ha ido de muchos estados, y ha sido remplazado por alguno de los partidos de oposición. Estos cambios no han alterado nuestra percepción del para qué de los impuestos: seguimos viendo en ellos un botín para funcionarios y políticos.

Así lo revela una encuesta telefónica que publicó el periódico Reforma (27/10/2009). El 90 por ciento de los encuestados se opone a un aumento del IVA, la misma proporción rechaza el incremento del ISR. Reconocemos que México registra una recaudación fiscal particularmente baja en relación a casi cualquier país del mundo, también creemos que el Estado debe obtener más recursos por esta vía, y la mayoría pensamos que los impuestos tienen una función redistributiva que en un país tan desigual como el nuestro es indispensable. Aún así siempre encontramos la razón para posponer la gran reforma fiscal que necesitamos: la estabilidad y la equidad social, la huida de capitales, los petrodólares, los intereses particulares de empresarios y sindicatos. Peor aún, los abusos de políticos y funcionarios nos proporcionan una gran coartada: no pagamos impuestos porque se roban los dineros públicos. Así 73 por ciento de los encuestados por Reforma cree que la mayor parte de nuestros impuestos se va en sueldos y salarios, y 80 por ciento considera que el gobierno no hace buen uso de los impuestos, y 88 por ciento piensa que privilegian a unos cuantos.

Poco han hecho los gobiernos del PAN para corregir los viejos patrones de comportamiento: han aumentado el gasto corriente de manera exponencial; con característica irresponsabilidad Vicente Fox permitió que su ahora esposa, la indiscreta Marta Sahagún, hiciera de la Presidencia de la República un escalón a las páginas del Hola; además, partidos políticos y legisladores, presidentes de comisiones autónomas y gobernadores, institutos y procesos electorales, han logrado proyectar una imagen de avidez y codicia, y con ella han sembrado dudas crecientes respecto a su utilidad. Todo ello justifica nuestra resistencia a pagar impuestos, ¿para qué? ¿Para engordarlos a todos? El pago de impuestos es un voto de confianza en el compromiso y la capacidad del gobierno para gobernar, porque los recursos que se reciben por esta vía son un instrumento indispensable para hacerlo. Un régimen fiscal sólido es una condición de gobernabilidad. Pero creo que sobre todo hay que tener presente que un Estado pobre es una pesada hipoteca sobre el futuro del país.