Madrid, 24 de noviembre. Una operación policial española llevada a cabo esta madrugada en localidades vascas movilizó a 650 agentes y se saldó con la detención de 34 personas, todas ellas jóvenes vinculados a movimientos independentistas en el País Vasco y a los que se acusa de tener vínculos con el entramado de la organización armada vasca ETA.

Los agentes, coordinados por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, registraron 92 inmuebles, entre casas y locales, en los que se incautaron de cuantiosa documentación y soportes informáticos.

La operación policial se llevó a cabo en diversas localidades de Navarra, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, donde la policía entró de madrugada a las viviendas y a los locales –tanto de bares, cafés como de sedes de organizaciones sociales-, ya sea para detener a los jóvenes señalados por la policía española como para incautar la documentación y las supuestas pruebas.

Entre los detenidos hay estudiantes, miembros de partidos políticos separatistas y jóvenes vinculados a círculos independentistas que, siempre según la policía española, formarían parte de la nueva estructura juvenil de ETA, lo que se denomina como Segi, Harrai y Haika. Entre los detenidos se encuentran Garbiñe Urra Larrión, quien según los informes de los servicios secretos españoles se presentó en el 2007 a las elecciones para el Parlamento de Navarra bajo las siglas de Acción Nacionalista Vasca (ANV), una formación que ilegalizada antes de los comicios por su supuesta vinculación a ETA. Otros de los detenidos son los hermanos Aitor y Jon Ligüerzana, quienes tienen antecedentes por violencia callejera y también vínculos con la formación política Democrazia Tres Millones (D3M), también proscrita. Otros detenidos son Aitziber Arrieta Fagoaga, Ibai Esteibarlanda, Irati Mújika Larreta, Amaia Elcano Garralda y Joseba Dalmau Cherino, entre otros.

Todos los detenidos fueron trasladados a lo largo de la misma madrugada a las dependencias policiales en Madrid, donde esperarán hasta pasar a disposición judicial, pero que mientras tanto serán sometidos a un periodo de incomunicación bajo el régimen de la ley antiterrorista española.

Además de las detenciones, la policía española informó del registro que casi un centenar de viviendas, cafés, sedes sociales, bares, garajes y otro tipo de inmuebles, en donde habrían recabado numerosa documentación relacionada con las actividades de los jóvenes detenidos.

Ante las detenciones también se registraron movilizaciones de protesta en universidades del País Vasco y en las plazas de varias localidades donde se llevaron a cabo las detenciones, como Azpeitia, Hendaya y San Sebastián, entre otras.

El ministerio del Interior, presidido por el ministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, informó que los arrestados ejercían presuntamente funciones de responsabilidad en Segi y que, por lo tanto, su aprehensión supone el descabezamiento de la estructura directiva y un golpe de impacto a su financiación y estructura logística. Asimismo advierten que todos los detenidos “se ubican en los niveles de máxima dirección y de dirección territorial y comarcal. Todos han participado en actos e iniciativas de Segi y algunos de ellos podrían haber intervenido en acciones de violencia callejera y sabotaje.

Pérez Rubalcaba añadió que la operación cumple tres objetivos: impedir que las organizaciones de ETA que han sido ilegalizadas se rehagan, impedir que ETA tenga una cantera y luchar contra la violencia callejera, que en la organización de ETA corresponde justamente a Segi.

Mientras, el consejero de Interior del gobierno vasco, el también socialista Rodolfo Ares, afirmó que el operativo pretende descabezar a una organización ilegal y evitar que siga consiguiendo financiación para desarrollar sus actividades ilegales. Pero desde las formaciones nacionalistas, Iñigo Urkullu, del Partido Nacionalista Vasco (PNV), señaló que espera que el operativo esté razonado y no se trate de una redada para la foto, ya que estamos acostumbrados a golpes de efecto de este tipo.

El grupo independentista Aralar expresó su inquietud ante lo que considera una medida que sólo intenta “entorpecer el proceso interno que ha iniciado la izquierda abertzale representada por Batasuna”, en referencia al debate interno de este colectivo para desmarcarse definitivamente de la lucha armada como vía para obtener réditos políticos. En este sentido, Aralar recordó que, según el Código Penal español, los que cometen delitos son las personas y no las organizaciones, por lo que detener a personas por pertenecer a una organización es una aberración jurídica.