Los grupos parlamentarios de PRI, PAN, PVEM y Panal hicieron el vacío a la posibilidad de emprender una controversia constitucional contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) e impidieron, mediante acuerdo parlamentario, que el tema se incluyera en el orden del día. Esto fue parte de la negociación del reparto del presupuesto de egresos que exigía, a cambio, no apoyar al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Por instrucciones de Francisco Ramírez Acuña (PAN), la Policía Federal se apostó en los accesos de la Cámara de Diputados e incluso en el vestíbulo. Esa petición propició que en tribuna el diputado Ramón Jiménez López (PRD) recordara el pasado del panista.

Ya no está gobernando en Jalisco, donde reprimió a los grupos que se manifestaron por mejor soberanía para nuestra patria. Hoy mismo ordenó que en las escalinatas de este edificio estén apostados, tirados como perros, los agentes de la Policía Federal. Ojalá, y lo digo con toda responsabilidad, modifique su conducta, porque aquí somos iguales todos los diputados.

Mientras se agotaba el tiempo para presentar la controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cientos de electricistas se concentraron en las calles que rodean la Cámara. Ante la insistencia de diputados de PRD y PT, el dirigente del sindicato, Martín Esparza, y un grupo de electricistas ingresaron a las galerías.

El PAN condicionó su ingreso a que se mantuvieran en silencio. Primero, los electricistas se llevaban el índice a los labios, y después, ya en las galerías, se colocaron cubrebocas. Cuando PRI y PAN se negaron a debatir, los trabajadores y su dirigente repudiaron a gritos la actitud de ambas bancadas y se retiraron.

Como parte de la estrategia para evitar que el recurso legal prosperara, Ramírez Acuña no sólo avisó ayer a los diputados que podían pasar a la mesa directiva a sumarse a un proyecto de controversia redactado por PRD y PT, sino que para firmar el documento había que tener antes autorización de la secretaría técnica.

A las 17 horas, cuando venció el plazo para adherirse al proyecto, sólo se habían recabado 160 firmas, insuficientes incluso para presentar un acto de inconstitucionalidad, que requiere de 166.

A los priístas les dejaron la opción de firmar en libertad, a condición de que se lograra unanimidad en favor en las filas de PRD, PT y Convergencia.

Durante la plenaria del PRI, el dirigente del sindicato ferrocarrilero, Víctor Flores, presentó un documento con el que, paradójicamente a su origen como líder gremial, argumentó la improcedencia de recurrir el decreto presidencial ante la Corte. No se trata, argumentó, de un asunto estrictamente sindical.

Al considerar los argumentos legales de la extinción, Flores negó la posibilidad de defensa a los 44 mil trabajadores que perdieron su empleo: No existen elementos que puedan suponer una invasión de competencias del Ejecutivo federal en relación con las previstas para el Congreso, por lo que no existe motivo que justifique una controversia respecto del decreto.

No hubo debate en tribuna. PAN y PRI abandonaron el salón. Porfirio Muñoz Ledo (PT) atribuyó la desaparición de la empresa a una operación roedor, emprendida desde el gobierno de Ernesto Zedillo, cuando se mermó deliberadamente la capacidad generadora y transmisora de energía eléctrica.

Los diputados del PRD Ramón Jiménez, Víctor Manuel Castro y Avelino Méndez, así como los petistas Laura Itzel Castillo y Óscar González Yáñez, advirtieron que negar a los trabajadores la defensa legal generará más irritación social y violencia.

Jesús Zambrano (PRD), vicepresidente de la mesa directiva, resaltó: Hay un proceso inexorable de privatización que ha sido un error. Juegan con lumbre al tomar estas decisiones. Lo que hacen es apostar a que tal vez en 2010 haya un incendio político y social en todo el país.

Francisco Hernández Juárez, líder del sindicato de telefonistas, dijo que él no coincide con acciones violentas para resolver conflictos, y señaló: He tenido diferencias con quienes violentan el funcionamiento del Congreso. Sin embargo, parece que no entienden de otra manera. Si ésos son los recursos a los que debemos llegar, qué lástima. ¿Qué quieren, que nos preparemos para hacerles una huelga nacional?

Concluida la sesión, Jaime Cárdenas Gracia, a quien la aplanadora PRI-PAN rechazó un punto de acuerdo para que el pleno decidiera presentar la controversia, lamentó: Otra vez vuelve a ganar el acuerdo por el manejo discrecional del dinero del pueblo.