La juez federal Guillermina Coutiño Mata difirió para el 10 de diciembre la audiencia constitucional a partir de la cual determinará si fue legal el decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LFC).

La diligencia, programada para celebrarse ayer a las 11 horas, se pospuso porque varias autoridades, entre ellas Presidencia de la República, no han rendido su informe justificado sobre el acto reclamado.

Presente en el juzgado federal primero de distrito auxiliar, el dirigente de los electricistas, Martín Esparza, acompañado de sus abogados, aseguró a La Jornada que las autoridades no rindieron en tiempo y forma sus informes, porque el gobierno busca dilatar la aplicación de la justicia.

También el cuarto tribunal colegiado en materia laboral pospuso para la próxima semana el análisis sobre el recurso de revisión interpuesto por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, mediante el cual la autoridad dependiente de Hacienda busca revocar la suspensión definitiva que la juez Coutiño concedió al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) el pasado 6 de noviembre.

La suspensión en vía de amparo ordena a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que se abstenga de emitir laudos que concreten la liquidación de la empresa, hasta que la misma juez determine si el decreto presidencial de extinción es constitucional.

La mañana de este martes, afuera del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, donde se ubica el juzgado primero, se realizó un mitin en el que participaron unos 5 mil electricistas.

A las 11:15 horas, la juez salió de su oficina para informar a los abogados de las dependencias federales y a los defensores de los electricistas que la diligencia se posponía ocho días.

En el transcurso de esta semana la Presidencia de la República y siete dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Energía, deberán enviar sus informes al juzgado.

Acerca de la tardanza de las autoridades en presentar los argumentos que justifiquen el decreto de extinción de LFC, Esparza dijo a este diario que el hecho de dilatar los informes de las autoridades y meterlos de manera extemporánea, “obedece a que no tienen justificación constitucional alguna para hacer lo que hicieron.

“Su interés por extinguir Luz y Fuerza sólo tiene justificación en lo que (ayer) dio a conocer La Jornada sobre las corruptelas de empresas trasnacionales con Alfredo Elías Ayub (director general de la Comisión Federal de Electricidad) y Néstor Moreno Díaz (director de operaciones de CFE) y otras gentes que están metidas en toda la corrupción y los 772 permisos que ha otorgado la Comisión Reguladora de Energía violentando la Carta Magna.

“Les advertimos que vamos a restablecer el orden constitucional en materia de energía eléctrica que desde 1992, con el entonces presidente Carlos Salinas, se ha violentado mediante la apertura del sector eléctrico con reformas como la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que data de ese año.

Así de claro: detrás de todo están metidas las empresas trasnacionales, Salinas de Gortari, los gobernadores priístas, además de la presidenta del PRI (Beatriz Paredes), quienes en lugar de apoyar a la empresa pública, toda vez que ese fue el proyecto nacionalista desde la expropiación petrolera (marzo de 1938), desde el salinato se han encargado de desaparecer la empresa pública eléctrica, puntualizó Esparza.

Fuera del juzgado, miles de electricistas aguardaron a que su dirigente saliera a informarles el motivo por el que la juez Coutiño difirió la diligencia.

A las 11:45 horas los abogados del SME salieron a las escalinatas del Palacio de Justicia e informaron a los ex trabajadores de LFC que la audiencia se pospuso una semana.

Cuando el constitucionalista Raúl Carrancá les dijo que no se pudo celebrar la diligencia porque el presidente Felipe Calderón no rindió a tiempo sus informes justificados a la juez, la muchedumbre lanzó una rechifla.