Teresa Rodríguez, directora regional del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), manifestó ayer su preocupación porque 17 estados del país han modificado su legislación para sancionar el aborto, pese a que México ha suscrito instrumentos internacionales que garantizan los derechos humanos de las mujeres, entre ellos el de la libre determinación.

Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, advirtió que cualquier modificación a la legislación interna debe estar en consonancia con los compromisos internacionales suscritos por México. De esta manera, consideró que las reformas legales aprobadas por 17 legislaturas locales pudieran constituirse en violencia estructural contra los derechos de las mujeres.

Contra esta posición, Abelardo Alvarado Alcántara, obispo auxiliar emérito de la Arquidiócesis de México, aseguró que no se puede decir que las mujeres tienen derecho de abortar; más bien debemos decir que tienen la obligación de no hacerlo, porque entre sus garantías nunca puede estar ésta; sería otorgarle un derecho sobre un tercero, al cual el Estado debe proteger incluso con normas penales.

En un amplio documento, titulado Despenalización del aborto, el prelado precisa que las mujeres pueden ser titulares de otras garantías, de su propia vida, su salud o su integridad moral, pero no sobre otro ser. El aborto nunca puede ser un derecho; siempre es un crimen ordinariamente tipificado en el derecho penal”.

Rocío García Gaytán, directora de Inmujeres, manifestó preocupación por la penalización de la interrupción del embarazo en 17 entidades, llamó la atención sobre el caso de Veracruz, donde se eliminó la cárcel como sanción a quien aborte, pero ahora será sometida a un tratamiento social para su readaptación y criticó que se vea a las mujeres como menores de edad, como si la decisión de abortar fuera tan fácil.

En conferencia de prensa, se informó que este miércoles la ONU lanza en Guatemala el capítulo regional de la campaña global contra el maltrato a las personas del sexo femenino, cuyo lema es Latinoamérica: únete para poner fin a la violencia contra las mujeres.

Las directoras de Inmujeres y la regional de Unifem llamaron a la sociedad, a organizaciones sociales y a los miembros de la academia a generar un debate sobre la penalización de la interrupción del embarazo.

García Gaytán aclaró que la posición del gobierno federal no es la misma que la de los estados ya citados y recordó que la norma 046 –que permite el aborto en determinadas circunstancias y el acceso a la píldora de anticoncepción de emergencia– es un compromiso internacional y de aplicación general en los hospitales, sean públicos o privados. Pese a ello, Jalisco interpuso una controversia constitucional.