La violencia institucional contra las mujeres es una constante en México. De enero a junio de 2009 fueron asesinadas 430 niñas y mujeres en 15 entidades, en 17 estados se aprobaron legislaciones contrarias al derecho de ese sector a determinar sobre su cuerpo, y las que viven situación de reclusión enfrentan discriminación y exclusión, aseguró la Red Todos los Derechos para Todos (RTDT).

Ante los operativos militares contra el narcotráfico efectuados por la administración federal, señaló, no existe una política pública que garantice la seguridad sexual e integridad física y emocional de las mujeres.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este miércoles, la RTDT –conformada por más de 50 organizaciones civiles de defensa de derechos humanos– manifestó su preocupación por la falta de reconocimiento y acciones oficiales efectivas para erradicar la violencia institucional contra el sector.

En un pronunciamiento indicó que de los 430 homicidios de mujeres ocurridos en el primer semestre del año, sólo en 78 casos (18 por ciento) los responsables fueron consignados ante la autoridad, hecho que no implica una sentencia que cumpla estándares internacionales en cuanto a reparación del daño.

Refirió que aunque en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se incluye el término de violencia feminicida, no ha sido reconocido ni utilizado por las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia.

Consideró que otra manifestación de violencia institucional cofue la aprobación de 17 legislaciones estatales que protegen el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Esas reformas negarán los servicios médicos para interrumpir un embarazo, aun en caso de violación sexual, con lo que se incumple la Norma Oficial Mexicana 046, que regula los criterios para la prevención y atención de la violencia familiar y sexual contra las mujeres y otorga anticoncepción de emergencia a víctimas de violación.

La RTDT refirió que las reformas impuestas en los estados son discriminatorias de las mujeres y muestran el incumplimiento del Estado mexicano del principio de progresividad, pues el estándar alcanzado en la ciudad de México para proteger los derechos del sector no fue seguido y dio lugar a la regresión en las entidades. Lo que en el Distrito Federal es un derecho, en 17 estados es delito.

Otro ejemplo de violencia institucional, mencionó la red, son las precarias condiciones que enfrentan las mujeres privadas de su libertad.