En la extinción de Luz y Fuerza del Centro no se tomó en cuenta a más de 500 mujeres que recibían pensiones alimentarias para cubrir la manutención de cerca de mil menores, denunciaron afectadas, y expusieron que la falta de esos pagos viola un mandato emitido por un juez.

En conferencia de prensa, Jacqueline Gutiérrez indicó que el gobierno federal las dejó desprotegidas y a la deriva.

Agregó que han acudido a instancias como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, la Presidencia y la Secretaría de Gobernación, pero no han tenido respuesta positiva.

Añadió que los funcionarios sólo les responden que mientras sus ex maridos no cobren su liquidación no se puede hacer nada.

No tenemos ni para comer y ni para pasajes hay. Incluso hay compañeras que han dejado de mandar a sus hijos a la escuela, afirmó. Tampoco pueden pagar los servicios, abundó.

Somos como 500 mujeres y más de mil niños; recibíamos entre mil 700 pesos y 3 mil 400. Dejaron desprotegidos a nuestros hijos. En el decreto no se lee ni siquiera que en lo que toman una decisión los ex maridos se nos sigan pagando normalmente las catorcenas; con esto se violan los derechos de los niños y una orden judicial, expresó Gutiérrez.

Acompañada por otras pensionadas, como María Orozco, Anabel Sagrero y Mireya González, indicó que su situación económica es tan precaria, que muchas han tenido que regresar a la casa de sus padres y literalmente vivimos de prestado.

Pidieron al gobierno que se nos pague el porcentaje de la liquidación que nos corresponde de los ex maridos que la hayan cobrado, continuar con los pagos catorcenales de las pensiones, mantener el servicio médico y que nos otorguen franquicias.

Aparte, Cecilia Figueroa Rodríguez, quien trabajó durante 19 años en la LFC, aseguró que al extinguir la compañía el gobierno ejerció violencia laboral en contra de 43 mil 600 trabajadores, de los cuales 3 mil 800 somos mujeres, muchas de las cuales son jefas de familia.

Entrevistada en el Foro Nacional Mujeres Libres de Violencia, Figueroa refirió que es incongruente que el gobierno panista asegure que está en contra de la violencia, en particular hacia las mujeres, y al mismo tiempo lo contradiga con hechos como la desaparición de LFC. Eso es violencia en contra de los trabajadores.

Resaltó: no hay antecedente de que algún gobierno en el mundo haya llevado a cabo un despido masivo; no hay nada parecido.