La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Rocío García Gaytán, dijo ayer en el Senado que son retrógradas las reformas que se han hecho en 17 estados para penalizar la interrupción del embarazo eliminando causales, y denunció que ya hay mujeres encarceladas en el país –dos de ellas en Jalisco – por interrumpir el embarazo.

Entrevistada al concluir su participación en el foro Los desafíos de la agenda de género en la 61 Legislatura, la presidenta de Inmujeres acusó que los gobiernos federal y estatales no han frenado la violencia contra la mujer, lo que tiene un costo de 2 por ciento del PIB, además de que desde hace una década no se hacen campañas de planificación familiar.

García Gaytán manifestó su indignación por las reformas legales que se han aprobado en 17 estados: nos quieren tratar como ciudadanas de segunda, al obligar a la mujer que recurra al aborto a tratamiento y rehabilitación. Es a los hombres golpeadores y los que ejercen violencia contra la mujer a los que se debe obligar a recibir tratamiento contra la violencia.  

La titular de Inmujeres advirtió muchas de esas reformas que se han aprobado en los estados para criminalizar a las mujeres están cojas, se pueden caer porque México firmó tratados internacionales, que fueron ratificados por el Senado y son Ley Suprema en el país, están por debajo de la Constitución de la República, pero por encima de las constituciones locales y las leyes estatales.

Aseveró la funcionaria: el aborto está penalizado en todo el país, incluso en el Distrito Federal. Lo que ocurre es que en el Distrito Federal se legisló para que se permita la interrupción del embarazo hasta la semana 12 sin ninguna causal, y las mujeres que decidan practicarse un aborto pueden hacerlo en clínicas sin riesgo para su salud.

García Gaytán subrayó que no se debe castigar con cárcel a las mujeres que abortan. Mejor hay que decirles qué protección les vamos a dar, qué oportunidades, hay que hacer campañas de prevención.

Abundó que a la mujer se le obliga a abortar, son presionadas por sus parejas, y ellos las acompañan a que se practiquen el legrado. Los hombres son los que deben obligadamente recibir tratamiento contra la violencia.

En el pleno del Senado PRI, PAN, PRD y PVEM se pronunciaron contra la violencia contra las mujeres y demandaron justicia para las víctimas del feminicidio en el país.