La administración capitalina solicitó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal un presupuesto de 128.6 mil millones de pesos para el próximo año –incremento de uno por ciento con respecto a 2009, ante una caída de mil 358 millones en los ingresos federales–, y propuso aumentos de un peso a la tarifa del Metro, de 1.46 centavos al litro de agua, de uno por ciento al impuesto al hospedaje, y cuatro niveles de impuesto sobre la nómina (ISN), que iría de 1.5 a 2.3 por ciento, según el tamaño de la empresa.

De esta manera, no sólo se garantiza la continuidad de todos los programas sociales, sino un aumento de cuatro por ciento en términos reales en los presupuestos que ejercerán. No se prevé ninguna obra nueva, sólo la conclusión de las iniciadas, con lo que el presupuesto de inversión será menor respecto del ejercido este año. Los recursos en materia de seguridad pública y procuración de justicia crecen en promedio 6.5 por ciento, y no bajan los destinados a educación, ciencia y tecnología.

Además continúan las medidas de austeridad, por lo que se ajustarán las estructuras y reducirán algunas partidas de gasto corriente, por ejemplo, la de servicios de personal de honorarios, en 13 por ciento, informaron fuentes de la Secretaría de Finanzas, al aclarar que la diferencia entre los aumentos de la ciudad y los del gobierno federal es que ninguno de ellos tiene fines recaudatorios, sino enfrentar problemas específicos.

En el paquete 2010 explicaron que el alza en la tarifa del Metro, después de siete años de mantenerse estable, significaría un ingreso de mil 400 millones de pesos, que se destinarían a su mantenimiento; mientras el incremento del servicio de agua pretende motivar su ahorro en 10 por ciento, reducir el déficit que se tiene de entre 3 y 4 metros cúbicos por segundo, y llevar ese líquido a las zonas donde se carece del servicio.

Los mil millones de pesos que se obtendrían mediante el establecimiento de cuatro niveles de consumo de agua: popular, baja, media y alta, con un tope máximo de aumento 1.46 centavos por litro y un promedio de medio centavo, permitirían invertir en infraestructura para ampliar la calidad y cobertura del sistema y mejorar la calidad del servicio. Para ello se creará un call center donde se atenderá a la gente, y gratuitamente se renovarán los medidores y atenderán las fugas intradomiciliarias siempre y cuando no tengan un costo mayor a 500 pesos, y no sean más de dos al año, indicaron las fuentes.

Mientras, el alza al impuesto al hospedaje, de 2 a 3 por ciento, permitiría organizar los festejos de 2010 y reactivar la actividad turística.

Además, el gravamen sobre nóminas ya no sería de 2 puntos, sino que serán cuatro estratos: 1.5 para microempresas; 1.8, pequeñas; 2, medianas, y 2.3 por ciento para grandes, lo que permitiría contar con recursos adicionales y crear un fondo de promoción de la economía del conocimiento, que será manejado por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México.

Esta propuesta se llevará a la ALDF y estaría integrado por especialistas, empresarios, académicos y representantes de organizaciones no gubernamentales encargados de elaborar políticas públicas en materia económica con carácter vinculatorio, detonar la inversión privada y hacer un programa muy amplio de devolución de ISN de cierto porcentaje –no de 100 por ciento como sucede actualmente–, de cumplir con sus obligaciones fiscales, en favor de micro, pequeñas y mediana empresas.

Las fuentes mencionaron que pese al revés dado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al rechazar el carácter vinculatorio de la verificación vehicular y la tenencia, se prevé que ésta crecerá 10.9 por ciento, a 5 mil 312 millones de pesos; mientras la recaudación del predial aumentará 4.3 puntos a 7 mil 195 millones, aunque el mayor crecimiento se dará en nóminas, con 11.6 por ciento, a 8.9 mil millones.

Así, por primera vez se entrega a la ALDF, junto con la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos, Código Financiero, las leyes para crear el Consejo Económico y Social, y de Presupuesto y Gasto Eficiente, donde se obliga a todos los entes a realizar los ajustes presupuestales que se requieren ante una eventual caída en la captación de ingresos, y propone diversos esquemas de financiamiento privado a fin de que empresarios participen en proyectos de infraestructura.