Con el concurso de todos los actores involucrados, este lunes se tendrá una solución al conflicto político que se vive en Iztapalapa, afirmó el secretario de Gobierno del Distrito Federal, José Ángel Ávila Pérez, Además, el Gobierno del Distrito Federal colaborará con los órganos locales de gobierno para garantizar los servicios y la seguridad pública, aseveró en conferencia de prensa.

Respecto de si se buscará la destitución de Acosta se limitó a señalar que conjuntamente con la ALDF se explorarán las vías legales para garantizar la gobernabilidad, los servicios, y la funcionalidad de los órganos de gobierno en Iztapalapa.

Ante la insistencia de los reporteros sobre esa pregunta, expresó, si quiere que le diga que se trata de un procedimiento de remoción, no se lo voy a decir, porque no está determinado, no estamos planteando un procedimiento específico, apuntó.

Horas antes, Rafael Acosta Ángeles y Clara Brugada se reunieron con el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard. Luego de una hora de diálogo, Juanito informó que había notificado al mandatario capitalino su intención de regresar a su cargo hoy y quedarse ahí tres años.

Pero remarcó: si veo que no hay gobernabilidad en Iztapalapa, entonces estaría pensando en pedir licencia definitiva.

Por su parte, Clara Brugada aseguró que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación formal del gobierno capitalino para dejar el cargo; incluso dijo que seguirá atendiendo a la población en el quiosco central de la explanada delegacional.

Por la noche,’ Brugada informó que el próximo martes efectuará una marcha que concluirá en el Zócalo capitalino y en la Asamblea Legislativa para entregar la solicitud de remover a Rafael Acosta.

Juanito, por su parte, dijo que pediría la intervención de la Policía Federal para que resguarde la sede delegacional ante el riesgo de que acudieran los Panchos Villa para tratar de recuperar ese inmueble. Esto fue desmentido por el vocero del grupo.

Mientras, la presidenta de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Alejandra Barrales, señaló que la prioridad es garantizar la gobernabilidad en la demarcación, por lo que se actuará con la celeridad que el caso requiere.