Las mujeres que reciban sentencias hasta de cinco años de cárcel por abortar podrán cambiar su pena por un tratamiento sicológico, de acuerdo con las reformas a la Constitución y al Código Penal de Tamaulipas que aprobó ayer el Congreso local.

Los médicos y parteras que interrumpan el embarazo contra la voluntad de las mujeres embarazadas recibirán sentencias de entre tres y seis años de prisión, señala la iniciativa, promovida por Ricardo Gamundi Rosas, legislador y dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En favor de las reformas y adiciones al artículo 16 de la Constitución local y a los artículos 357, 358 y 360 del Código de Procedimientos Penales del estado votaron, además, los legisladores de los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México.

Frenan votación en Chiapas

En Chiapas, los diputados decidieron suspender la discusión y posible aprobación de la ley que confiere derechos legales a los óvulos fecundados.

En una reunión con opositoras a esta ley, Carlos Pedrero, presidente de la mesa directiva del Congreso, dijo que las comisiones de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales analizarán la propuesta de ley de paternidad responsable.

Dijo que no sabía que esta iniciativa pudiera atentar contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Si es así, dijo, la propuesta no será aprobada hasta que sea analizada en comisiones.

No obstante, grupos de mujeres se declararon en alerta ante posibilidad de que los legisladores aprueben subrepticiamente lo que ellas consideran una ley antiaborto.

Organizaciones sociales de Veracruz también se declararon en alerta ante la avanzada de la derecha y la Iglesia Católica contra el Estado laico para revertir los derechos de las mujeres, reduciéndolas a simples vientres productores de niños.

Luego que Veracruz se convirtió en el decimoséptimo estado que aprobó modificaciones a su Constitución para dar protección legal a los nonatos, y que en Chiapas acaba de presentarse una propuesta similar, se prevé que los grupos conservadores cerrarán la pinza con dos iniciativas que ya están en el Congreso de la Unión para modificar el artículo cuarto constitucional en el mismo sentido, lo que revertiría la despenalización en el Distrito Federal, advirtió la abogada Montserrat Díaz, del Colectivo Feminista de Jalapa.